El Gobierno de Venezuela consideró «falso» que se haya perpetrado un golpe de estado en el país, luego que el Tribunal Supremo de Justicia decidiera asumir las competencias de la Asamblea Nacional de amplia mayoría opositora.

La anulación de las competencias de la Asamblea Nacional Venezolana, el traspaso de estas al Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo y la asunción de poderes extraordinarios en material penal, militar, económica, social, política y civil por parte de Nicolás Maduro supone un rompimiento institucional sin parangón desde que comenzará las crisis institucional en dicho país caribeño.

La Asamblea Nacional es el órgano legislativo legítimo según establece la Constitución venezolana diseñada e impulsada, por el propio Hugo Chávez y que fue democráticamente aceptada por última vez en las elecciones de diciembre de 2015.

La oposición de Venezuela salió a las calles para protestar por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, dominado por el chavismo, de inhabilitar a la Asamblea Nacional; a su vez el líder opositor Henrique Capriles, excandidato presidencial, habla del «golpe de estado» y la fiscal general, Luisa Ortega, muy cercana al chavismo, califica la maniobra de Nicolás Maduro como una «ruptura del orden constitucional».

Miestras la cancillería  de Venezuela emitió un comunicado al mundo que es «falso» que haya preparado un golpe de Estado en el país, e incluso «repudia la arremetida de los Gobiernos de la derecha intolerante y pro-imperialista de la región», la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, afirmó abiertamente que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que este asumió las funciones del Parlamento representa una «ruptura del orden constitucional del país».

Según la fiscal Ortega, en las sentencias que suprimieron al poder legislativo, «se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra constitución, lo constituye una ruptura del orden institucional», dijo la Fiscal durante la presentación de un informe anual en la sede del Ministerio Público.

Estas declaraciones fueron seguidas de aplausos por parte de asistentes a la presentación del reporte, y causó sorpresa entre los periodistas de la televisora pública de marcada línea oficialista.

Por su parte el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, calificó de “inaceptable” la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir las funciones del Parlamento, que consideró una vulneración a la democracia.

Paralelamente, el Gobierno de Ecuador a través de a cancillería, instó a un diálogo en Venezuela por medio de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) luego de se conoció lo ejecutado por el Tribunal Supremo de Justicia.

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