Asamblea analiza la ejecución presupuestaria de las instituciones públicas

Con ocho votos a favor y tres abstenciones, la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe de Ejecución del Presupuesto General del Estado (PGE) que irá hasta la Presidencia de la Asamblea Nacional.

Según el comunicado de la Asamblea, son 11 secciones de análisis: entorno macroeconómico, análisis global de la ejecución presupuestaria, la regla fiscal, en donde se evalúa el cumplimiento de la normativa fiscal; análisis de ingresos, financiamiento, análisis de los gastos, plan anual de inversiones, gasto social, gasto por consejo sectorial, transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados y modificaciones presupuestarias.

Uno de los puntos que se observa es que la balanza no petrolera tiene una desconfiguración, pues es fácil darse cuenta, por las cifras, que lo que estaba represado en el tema de importaciones (los exportadores hacían grandes flujos de exportación pero lo embodegaban) disparó el tema de las importaciones después de las salvaguardas, por lo que recomiendan cuidar este aspecto.

La información oficial establece que los agregados macroeconómicos registran mejoras; además refleja que Ecuador tiene una economía en crecimiento que tiene el 2.2 % y 3.3 % en el primer y segundo semestre de 2017 cuando en 2016 fueron de -4 % y -1.7 %.

En el documento se anota que existe una efectividad de recaudación de ingresos en el primer semestre.

El PGE se financió, principalmente, con ingresos tributarios y financiamiento público. El Ministerio de Finanzas ha dado cumplimiento a la regla fiscal que señala que los ingresos permanentes deben financiar gastos permanentes.

El Presupuesto General del Estado obtuvo gran parte del financiamiento planificado, que es más del 95 %. La mayoría provino del financiamiento interno. A junio de 2017 se ejecutaron más de 11 mil millones, lo que representa 45.6 % del codificado.

Con la aprobación del informe se cumple con la entrega semestral, pues hay que presentar el informe de la ejecución presupuestaria, al igual que los gobiernos autónomos descentralizados, que lo hacen en sus entes competentes. La falta de presentación desemboca en la inmediata comparecencia de la ministra o ministro del ramo.

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