Asambleístas preparan reformas a la Ley Orgánica de Comunicación

La Comisión de Derechos Colectivos, durante el tratamiento del proyecto de la Ley Orgánica de Comunicación y Libertad de Expresión (LOC), recibió a Hernán Reyes, exvocal del Consejo de Regulación de Desarrollo de la Información y Comunicación, y a Galo Silva, presidente de la Corporación Radial de Chimborazo, quienes comparten, en que debe existir una LOC, pero discrepan en la propuesta de algunos sectores de eliminar o reformar la actual.

En este sentido, el catedrático Reyes, señaló que la Ley de Comunicación es un mandato popular y constitucional. A su criterio es necesario regular la comunicación en el país, ya que según mencionó, existe la necesidad de reformar la vigente normativa, “mas no derogarla”, dijo.

Expresó, que el proyecto presentado por la legisladora Lourdes Cuesta, apunta a la libertad de expresión desde el ámbito de periodistas y los medios de comunicación;es decir, solo defiende sus derechos de participación, dejando en la indefensión a los ecuatorianos, sobre la información y comunicación.

En este sentido, señaló que “hay una limitación tremendamente grande en términos jurídicos y políticos, porque la actual Ley de Comunicación apunta a defender los derechos ciudadanos”.

El catedrático mencionó además, que al eliminar la colegiatura para ejercer el periodismo, se perdería todo sentido de la formación profesional, lo que atentaría en la calidad de la producción y de contenidos de los medios de comunicación.

Por su parte, Galo Silva, pidió que se derogue la vigente LOC, más aún cuando existe un organismo como la Superintendencia de Comunicación que se ha convertido en “sancionador de medios, sin respetar el debido proceso”.

Subrayó, que la Ley sancionadora se les aplica a los medios de comunicación provinciales (radiales, escritos y televisivos), quienes sufren constantemente de acosos, amenazas y sanciones económicas.

“Tiene que existir una ley, pero no la que rige al momento”, argumentó Silva, quien respaldó la propuesta de la legisladora Lourdes Cuesta.

El presidente de la Comisión, Jorge Corozo, al igual que los presentes en la mesa legislativa, coincidió en que resolverán si se realizan reformas puntuales a la Ley de Comunicación o se la deroga.

De su lado, Marcela Holguín, vicepresidenta, no está de acuerdo con la derogatoria, ya que la Ley de Comunicación responde a un mandato constitucional, por lo que el camino es la reforma. A su criterio, la normativa debe incluir el tema de la conciliación y medidas para subsanar la violación de los derechos, que no necesariamente va con una sanción económica.

Por su parte, César Carrión, sugirió hacer una revisión profunda para determinar si se deroga o reforma la Ley de Comunicación. “La Supercom se ha convertido en una institución sancionadora”, precisó.

José Chalá, dijo que la Ley de Comunicación existe por mandato constitucional y popular. “Vivimos en un Estado de derecho y justicia. Es necesario establecer con precisión los conceptos en temas comunicacionales y de responsabilidad ulterior, caso contrario, caemos en un Estado de opinión”, subrayó.

El asambleísta Jaime Olivo, reiteró que la libertad de expresión está garantizada en la Constitución y normativa internacional y debe ser construida en el marco de la interculturalidad y pluriculturalidad. “La defensa de la libertad de expresión no es de los medios sino de la sociedad”, añadió.

Por otro lado, el asambleísta Jorge Zárate, indicó que la comunicación no es un servicio público, sino un derecho de la sociedad. “La normativa no debe ser sancionadora sino garantista de derechos”, finalizó.

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