Director del SRI asegura que en ciertas universidades existen anomalías tributarias

Los miembros de la Comisión de Educación en la Asamblea Nacional fueron informados sobre situación tributaria de las universidades autofinanciadas, para lo cual el Director Nacional del SRI Leonardo Orlando, explicó el cumplimiento de las obligaciones del sistema universitario.

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presidida por Augusto Espinosa, conoció este jueves 7 de septiembre, la realidad tributaria de las universidades autofinanciadas o particulares de Ecuador, con base en el informe presentado por Leonardo Orlando, director general del Servicio de Rentas Internas (SRI), quien frente a un manifiesto de los centros de educación superior, publicado el martes último, reiteró que la entidad a su cargo cumple el deber de ejercer el control tributario, de forma legal, constitucional y con transparencia.

Orlando lamentó que las universidades firmantes de dicho manifiesto hayan hecho pública su disconformidad con la gestión del SRI, con afirmaciones que faltan a la verdad y que, inclusive, pretenden menoscabar la facultad legal para el ejercicio de la determinación tributaria, acogiéndose a la condición de instituciones sin fines de lucro.

“Que el Estado renuncie a recibir recursos que corresponden por concepto de tributos para beneficiar al sistema de educación superior de ninguna manera anula la potestad de control de la autoridad tributaria”, indicó el funcionario.

Subrayó que fue necesario establecer, mediante reforma, cuáles son las prácticas que les están prohibidas a las entidades sin fines de lucro. Se dispuso también que el SRI, conjuntamente con el Consejo de Educación Superior (CES), tiene la responsabilidad de controlar el cumplimiento de la prohibición de ejercer actividades de lucro.

Además Orlando sostuvo que: “No es verdad que hayamos impedido a las universidades reinvertir los recursos excedentes obtenidos en un ejercicio tributario. Ellas pueden solicitar se autorice un plan plurianual para cumplir esta obligación”.

Además el Director del SRI explicó que, del análisis efectuado al comportamiento tributario de estas universidades, se han establecido riesgos; por ejemplo, que hay directivos de universidades cuyos familiares tenían empresas Off Shore y esas empresas, a su vez, eran accionistas en empresas de Ecuador. Estas últimas eran proveedores de las universidades, directivos con empresas que tienen relaciones comerciales con la universidad y familiares de directivos que son proveedores de ella, directivos de dos universidades que son familiares directos y que tienen empresas dentro de su grupo económico que, a su vez, son proveedoras de esas universidades y que sustentan gastos por más de dos millones de dólares en compras con empresas fantasmas.

Se determina también subvaloración de excedentes, a través de la inversión de excedentes en participaciones accionarias de empresas del mismo grupo controlador a nivel internacional; salida de divisas mediante pago de regalías a diversos tipos de servicios, hay el caso de un préstamo de 12 millones de dólares a una empresa relacionada, la cual construye el campus universitario y cobra arriendo. Esa universidad no recupera el capital y, sin embargo, paga cumplidamente el arriendo.

Aseguró que no ha sido él quien quiso sacar a la luz pública esta clase de hechos, sino las mismas universidades, con un Manifiesto descomedido. “Me han pedido audiencia y les he aceptado, lo lógico habría sido que primero dialoguen conmigo para expresar sus molestias y no que lo hagan a través de un pronunciamiento público”, dijo, al insistir que está abierto al diálogo, sobre la base del mandato constitucional, de la ley y de la ética.

De su lado, Augusto Espinosa, titular de la Mesa de Educación, coincidió en que la característica de las universidades de ser instituciones sin fines de lucro de ninguna manera les exime del control tributario, es más, estas instituciones deberían ser permanentemente auditadas porque la sociedad hace un renunciamiento a su derecho de recaudar valores por concepto de tributos. “Es necesario que se ajuste todo lo que se tenga que ajustar, dijo.

A la vez, expresó su respaldo a la posición de Leonardo Orlando al no dar los nombres de las universidades que habrían incurrido en estas conductas contrarias a la ley. Sin embargo, de la información expuesta se podría derivar el posible cometimiento de delitos tributarios, por lo que es necesario actuar con absoluto apego al debido proceso y a la ética.

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