Para la Cámara de Comercio de Guayaquil, el ministro de Comercio Exterior Pablo Campana,  se aleja de la visión fiscalista y propone importantes incentivos a la producción.

En febrero, el funcionario presentó al presidente Lenin Moreno un proyecto de Ley para fomentar la inversión privada. Esta propuesta tiene 168 artículos y modifica 16 reglamentos y cuerpos legales como la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) y el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI).

Según el gremio, el documento se propone una serie de incentivos tributarios que aliviaría la carga impositiva. Muchas de las reformas planteadas recogen los principios que promueve la  Cámara de Comercio de Guayaquil, los cuales son eficiencia, reducción de impuestos y apertura
comercial.

Específicamente las empresas privadas se beneficiarían de reducciones de impuestos, incentivos a la inversión en tecnología productiva, disminución de plazos exentos de impuestos en los certificados de depósito bancarios, entre otros.

La propuesta también determina sobre la exoneración de Impuesto a la Renta como pilar fundamental de los incentivos. Dentro de las reformas del régimen tributario destacamos la ampliación de la exoneración del pago de Impuesto a la Renta. En la actualidad las nuevas inversiones de ciertos sectores económicos están una exoneración del pago de Impuesto a la Renta durante 5 años siempre y cuando no estén domiciliadas en Guayaquil ni Quito.

La propuesta del ministro Campana es incrementar el tiempo de 10 años y eliminar la discriminación geográfica.

Explica el comunicado de la Cámara que conglomerados productivos necesitarán libertad para funcionar. Se trata de beneficios para grupos de encadenamiento productivos con mayor alcance que los otorgados por las Zonas Especiales de Desarrollo Económico.

Afirman desde este sector que en el pasado, este tipo de iniciativas, al igual que las Alianzas Público-Privado, han sido opacadas requisitos como la aprobación del Gobierno para realizar  las inversiones. En otras palabras, poca libertad para elegir dónde y cómo invertir. Ahora, la propuesta de los Conglomerados Productivos, positiva en principio, podría correr el mismo peligro al ser sometidas a aprobaciones y requerimientos burocráticos de un Consejo Sectorial.

Aseguran los empresarios que sin estabilidad política los incentivos no serán suficientes para atraer la inversión y argumentan: pese a que las medidas que se busca implementar en esta Ley son adecuadas y conforman una excelente propuesta para el régimen tributario, sin una sólida seguridad jurídica es difícil garantizar que serán efectivas. Las acciones de cada ministerio deben estar coordinadas unas con otras y se les debe dar la certeza a los empresarios e inversores que el país continuará con estos incentivos en el largo plazo, se explica en el documento.