El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre y lo remitió a la Comisión de Gobiernos Autónomos. El proyecto pretende brindar herramientas que garanticen la coordinación y articulación de los diferentes niveles de gobierno en esta materia.

Con la ley se busca “establecer un régimen jurídico para la planificación, ejecución, construcción, conservación, regulación y control de la infraestructura del transporte terrestre y sus servicios complementarios, que estará a cargo del ministerio rector en infraestructura de transporte terrestre”.

Según el asambleísta Richard Calderón, autor de la iniciativa y presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, en el cuerpo legal se desarrollan preceptos que permiten concebir los diferentes tipos de vías del país como un conjunto armónico.

Así mismo, asegura que pese a la importancia que conlleva la rectoría, planificación, regulación, gestión y control de la infraestructura vial, la ley vigente, de 1964, no desarrolla importantes principios de la Constitución del 2008.

Calderón enfatiza que si bien la Constitución reconoce que la competencia de infraestructura vial es de cada uno de los niveles de gobierno, en su ámbito territorial resulta indispensable establecer normas que permitan la correcta articulación y planificación de la vialidad, ya que forman parte de un sistema.

Además, sostiene que se requiere que un organismo técnico emita las características que deben tener los diferentes tipos de vías para garantizar la seguridad de los usuarios y que estas infraestructuras cumplan con la funcionalidad que motivó su construcción.

Por otra parte, agrega que con esta norma se reformará también la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Código Orgánico de Organización Territorial en los temas relacionados con la expropiación y contribución especial de mejoras. Argumenta que es indispensable establecer una normativa general que, independientemente del nivel de gobierno, garantice el principio de igualdad.

Richard Calderón asegura que mediante la infraestructura vial se garantizan derechos como los de movilidad humana interna, potencia la actividad económica, conecta los centros de producción con los de procesamiento, distribución y venta, “actividades propias de la cadena productiva que permite la concreción de importantes principios regulados en el régimen de desarrollo económico de la Constitución”.

Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador