En la capital de Ecuador se cumplen acciones de protección para personas en situaciones de riesgo para lo cual se articulan políticas públicas.

El abuso sexual infantil es una problemática latente a escala nacional y distrital. Se calcula que entre 15 y 20 denuncias diarias por violación son presentadas en la Fiscalía en todo el país, de las cuales la mayor cantidad de víctimas porcentuales son niñas, niños y adolescentes.

En este marco, el Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia de Quito (COMPINA) en transición al Consejo de Protección de Derechos, en el marco de su competencia de observancia a las políticas públicas, conformó la Mesa interinstitucional frente a la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes para iniciar una estrategia de protección, concientización y sensibilización ciudadana sobre el abuso sexual con el objetivo de prevenir, atender y restituir los derechos de estos grupos, quienes en ocasiones pueden verse violentados.

Uno de los datos revelados afirma que el 82,7% de los perpetradores del delito de abuso sexual son personas cercanas a las víctimas, este último dato tomado de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2014.

Desde el COMPINA y la Mesa Interinstitucional se han planteado tres ejes fundamentales dentro de esta campaña: Prevención y Comunicación, la Atención y Protocolos así como la Investigación y Gestión del Conocimiento.

Desde julio del 2016 se cumplen acciones con el eje de Prevención y Comunicación, que contempla una estrategia comunicacional bajo el slogan: “Escúchame, protégeme ¡Haz la diferencia!”

Lo que busca esta iniciativa es que se reconozca el abuso sexual y se entienda que es una realidad, para que las niñas, niños y adolescentes lo puedan identificar, pierdan el miedo, rompan el silencio y lo comenten con sus padres o con un adulto, quienes los escuchen y presten atención a los signos de alerta y procedan a la denuncia.

Según los voceros de esta entidad, la violencia sexual deja huellas imborrables en quienes la sufren, por lo que aseguran que callar implica ser cómplices de este delito, por lo cual recomiendan que “es momento de hacer la diferencia y denunciar.”

Foto y fuente: Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia de Quito