Luego de las declaraciones de la Fiscal que investiga un posible peculado en las indagaciones por el 30S, en el sentido que le fue retirado el personal policial de apoyo, el Ministerio del Interior, informó que los cambios se debieron a una acción legal y una práctica común en la institución policial de acuerdo a la ley.

En rueda de prensa la Fiscal Subrogante Thania Moreno aseguró que después del inicio de la investigación en contra del Fiscal General del Estado Carlos Baca Mancheno, por el uso de recursos cuando fue integrante de la Comisión 30S, le fueron retirados 26 policías de su unidad de trabajo y a siete de sus 10 colaboradores.

«A raíz del 16 de enero que se aperturó la investigación el 23 de enero fueron dados el pase a los señores policías y desde el 25 de enero, el apoyo jurídico del despacho provincial ha sido dado el cambio», mencionó y recalcó que se está quedando sin el apoyo jurídico.

La funcionaria lleva adelante la investigación previa por presunto peculado a su superior, Carlos Baca Mancheno, por un supuesto informe con indicios de responsabilidad penal, cuando él se desempeñó como presidente de la Comisión 30-S, instancia designada por el entonces mandatario Rafael Correa por la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.

Frente a las declaraciones de Thania Moreno, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que asegura que la Fiscalía seguirá contando con el soporte de la Policía Nacional, en apego al Art. 448 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), segundo inciso.

Este articulado indica que “el Sistema (especializado integralde investigación, de medicina legal y ciencias forenses) contará con el apoyo del organismo especializado de la Policía Nacional y personal civil de investigación, quienes llevarán a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en este Código, ejecutarán sus tareas bajo la dirección de Fiscalía y dependerán administrativamente del ministerio del ramo”.

En esta línea y según la información oficial difundida, «los 23 policías que colaboraban en la Fiscalía Provincial de Pichincha y que pertenecían a la Dirección General de Inteligencia regresarán a su unidad para fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional. De este número 12 superaban los dos años de permanencia y 11 no registran capacitación para el cargo y función, lo que perjudica su carrera.»

La indicada secretaria de estado sustenta sus versión en el Coescop, Art. 102: “el traslado que incluya desplazamiento del domicilio civil a otra zona geográfica de la planificación nacional, durará un periodo de hasta dos años.”

El comunicado finaliza asegurando: «Por lo tanto el pase de los policías se debe entender como una acción legal y una práctica común en la institución policial de acuerdo a la ley.»