Según gremio empresarial, plan económico del Gobierno es una forma de restricción comercial

Según la Cámara de Comercio de Guayaquil , las nuevas medidas planificadas por el Gobierno son una forma de restricción comercial, considerando el aumento del arancel y la nueva tasa son el reemplazo de las salvaguardias para financiar el gasto público.​

El presidente Lenin Moreno y el principal del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), Mauro Andino, anunciaron tres medidas encaminadas a restringir las importaciones en el país.

La primera, incrementar el arancel de 375 productos de importación a la máxima tasa permitida por la Organización Mundial del Comercio (OMC). La segunda, gravar las importaciones con una tasa aduanera de 10 centavos de dólar por unidad, kilogramo o litro según corresponda. Y tercero, que la SENAE compre la mercadería importada para su posterior remate en caso de subvaloración.

En un comunicado, el gremio empresarial asegura que aunque ahora el argumento es la lucha contra el contrabando y el fortalecimiento de la dolarización, el propósito de las medidas es el mismo de aquellas implementadas durante el pasado gobierno en esta materia. Es decir, restringir las importaciones para controlar la salida de divisas y evitar así un ajuste fiscal con mayores costos políticos.

La Cámara de Comercio de Guayaquil se opone a toda medida que restrinja el comercio, el ajuste debe ser fiscal, conforme la información emitida por el gremio.

Además asegura que lo ingresos aduaneros, rubro fijo de ingreso fiscal. Desde la implementación de las salvaguardias a inicios del 2014, la recaudación aduanera se hizo indispensable para el financiamiento del Estado, llegó a representar alrededor del 5% de los ingresos tributarios.

Hasta su fin en junio de 2017, las salvaguardias contribuyeron con más de USD 1.783 millones para el fisco, lo que significó un promedio de USD 738 millones anual y un incremento promedio de 30% en la recaudación aduanera mensual. Con la nueva tasa de USD 0,10 por artículo importado más el aumento de aranceles, el Gobierno busca recaudar cerca de USD 500 millones anuales.

En la parte final concluye que “Las medidas contra el contrabando son en realidad el reemplazo a las salvaguardias para financiar el Estado.”

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