Universidades podrían sufrir recortes presupuestarios en la Proforma 2017

Asambleístas de la Comisión de Educación y rectores analizan fuentes de financiamiento sostenible para universidades, que implica  definir fuentes alternativas y posibilitar la generación de recursos propios, para que sus presupuestos no sufran ningún tipo de recortes en la Proforma 2017.

Esas fueron las metas que trazaron los miembros de la Comisión de Educación y los rectores de las universidades públicas, en la tercera reunión de trabajo que mantuvieron este lunes 27 de agosto de 2017.

Para el asambleísta Augusto Espinosa, presidente de la mesa, el desarrollo de la investigación, la necesidad imperiosa de abrir un mayor número de cupos para los bachilleres, potenciar las carreras técnicas y tecnológicas con el objetivo de efectivizar la mejora continua de la calidad hasta llegar a niveles de excelencia en el concierto mundial, requiere de recursos suficientes.

De hecho, “en la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (Loes) se debería incluir como una de las obligaciones del Consejo de Educación Superior (CES) que acompañe cada decisión que tenga implicación en finanzas, con un análisis de impacto y las fuentes de financiamiento”, sostuvo.

Consideró que la mejor salida ante un supuesto recorte sería aplicar el presupuesto consolidado de 2016 de las universidades, tras anunciar que en los próximos días convocará al Ministro de Finanzas, a fin de despejar las inquietudes del sector.

Jaime Calderón, rector de la Escuela Politécnica Nacional, manifestó que es inaceptable la reducción de dineros, más aún cuando existen compromisos y obligaciones adquiridas con el personal académico y administrativo, así como también programas en marcha de maestrías, que conllevan la contratación de docentes del exterior.

El CES sacó una reglamentación para el personal académico, que dispone su recategorización, la ubicación en un escalafón de acuerdo a la Loes, lo que demanda recursos: “hay una presión interna que se complicaría y no la podríamos manejar. Es más, muchas instituciones también admiten más bachilleres, lo que obliga a incrementar espacio físico, profesores, equipar laboratorios, para afianzar el conocimiento”, enfatizó.

Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central, indicó que en los últimos años se les transfirió obligaciones extrapresupuestarias como el pago de los incentivos de los jubilados y el financiamiento de los cursos de nivelación. Además, la entidad abrió 800 plazas nuevas, espacios que deben ser cubiertos con el presupuesto actual.

La asambleísta Amapola Naranjo, integrante de la Comisión de Educación, aseveró que los miembros del organismo están firmes en la defensa de los recursos de las universidades, tomando en cuenta que la Constitución determina que la educación es un derecho fundamental y un deber inexcusable del Estado. “Habrá que hacer los ajustes necesarios para sin afectar a este importante grupo poblacional”, añadió.

La Comisión y los rectores mantendrán reuniones permanentes para superar dificultades que se puedan presentar.

Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador

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