Muchos países tienen déficit fiscal -es decir, gastan más de lo que recaudan-, pero a pocos les representa un problema tan grande como a Argentina.

La mayoría de quienes tienen cuentas en rojo, incluso algunos con niveles de déficit mucho más altos que el argentino, simplemente emiten deuda y así financian el desbalance.

Pero el caso de Argentina es muy diferente.

La tercera economía de América Latina lleva tantos años gastando de más (desde 1900 a hoy, solo en 10 años el Estado logró generar más ingresos que egresos) que el déficit se ha convertido en uno de sus principales problemas macroeconómicos.

No puede resolverlo emitiendo más deuda, como hacen los demás, porque ya pidió tanto dinero, tantas veces -es el país más endeudado de la región-, que cayó en sucesivas crisis de deuda, entrando en «default» (o cesación de pagos) ocho veces.

La desconfianza que genera Argentina hace que hoy tenga el «riesgo país» más alto de América Latina después de Venezuela y El Salvador, un índice elaborado por J.P. Morgan que determina el nivel de peligrosidad que representa prestarle dinero a una nación.

Por ello, para seguir tomando deuda, el país debe pagar intereses mucho más altos que otros.

Frente a esta limitación, durante los últimos años -y especialmente durante la pandemia- el gobierno de Alberto Fernández aumentó la emisión de pesos para pagar sus cuentas, algo que, según los economistas ortodoxos, ha acelerado la inflación.

En julio el alza de precios llegó al 71% interanual, una de las inflaciones más altas del mundo, y se prevé que siga aumentando.

Ante este panorama, Fernández anunció su intención de sanear las cuentas públicas.

«No se puede seguir viviendo eternamente con déficit fiscal«, señaló a finales de junio, durante una gira por Europa.

El nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, quien asumió a comienzos de agosto, reiteró este mensaje, asegurando el día de su inauguración que «la primera meta del gobierno será construir equilibrio fiscal».

Massa, quien tendrá a cargo no solo la cartera económica sino también la de Producción y Agricultura, es el tercero en encabezar las finanzas del país en un solo mes, tras las renuncias de Martín Guzmán y Silvina Batakis.

Al presentar los principales lineamientos de su gestión, el «superministro» dejó en claro que su primera prioridad será la misma que la de sus antecesores: reducir al 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) el déficit fiscal primario -es decir, lo que gastó el Estado sin incluir el pago de deuda-, tal como establece el Presupuesto Nacional.

En la práctica, esto significa que el país deberá reducir en un 0,5% el déficit fiscal primario que alcanzó en 2021 (que fue del 3% del PIB).

Esa meta es la que Argentina acordó en marzo pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), su principal acreedor externo, que en 2018 le otorgó al entonces presidente Mauricio Macri el préstamo más grande en la historia de esa institución: US$57.000 millones (de los cuales se usaron -y hoy se deben- US$44.000 millones).

Pero, aunque una reducción del 0,5% no suena como mucho, lo cierto es que, para este país, es toda una odisea.

¿Por qué?

Para entenderlo te explicamos cuáles son las cuatro áreas que más presupuesto representan del Estado, qué propone el «superministro» para achicar ese gasto y por qué no será una tarea sencilla.

Subsidios energéticos

Muchos asumen que el gasto público en Argentina es alto por servicios como la salud y la educación gratuitas, pero lo cierto es que hay otras cosas que le cuestan mucho más al Estado.

Por ejemplo, los subsidios energéticos, que en 2021 se llevaron un 8,8% del presupuesto nacional, más que el gasto público en Educación (6,4%), Transporte (5,9%) y Salud (5%).

Este es el gasto estatal que más creció en Argentina en los últimos años y hoy representa tres cuartas partes de todo el déficit fiscal primario del país.

En 2021 los subsidios a la energía representaron el 2,3% del PIB. Si se considera que el déficit primario fue del 3% es fácil entender por qué reducir este gasto es considerado primordial.

Un informe elaborado por el Instituto Argentino de la Energía (IAE) mostró que, solo entre 2010 y 2020, los subsidios energéticos le costaron al país casi el triple de lo que le debe el FMI (cerca de US$130.000).

Pero ¿por qué gasta el Estado tanto en subsidiar la energía?

La política de subvenciones al gas y la electricidad comenzó a aplicarse hace dos décadas para proteger el bolsillo de los argentinos después de la crisis de 2001, que devaluó fuertemente el valor del peso y dejó a más de la mitad de la población en la pobreza.

Cuando la economía empezó a repuntar, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015) mantuvieron los subsidios para evitar que un aumento de precios acelerara la inflación y redujera el consumo, clave para la economía del país que depende en un 70% del mercado interno.

Pero un segundo factor hizo que el gasto en subsidios se disparara: en 2008 Argentina perdió su autoabastecimiento energético y, a partir de entonces, ha tenido que importar cada vez más gas y petróleo, con precios más altos que los de la producción local.

Para 2014, los subsidios representaban casi US$20.000 millones al año, según los datos del IAE.

No obstante, ante las críticas por el creciente gasto que esto implicaba para el Estado, la entonces mandataria Cristina Kirchner -quien hoy es vicepresidenta- resaltó que el nivel de subsidios del país era bajo en comparación con las del promedio mundial.

A pesar de que el gobierno de Macri (2015-2019) aplicó fuertes «tarifazos» que redujeron las subvenciones a menos de US$5.000 millones, la pandemia, y luego la guerra entre Rusia y Ucrania, volvieron a aumentar los costos.

En 2021 la Energía fue el segundo gasto más alto del Estado después de la Seguridad Social.

Y, en el primer semestre de 2022, el aumento del precio internacional de los combustibles por el conflicto ruso-ucraniano hizo que el gasto en subsidios aumentara en un 116% interanual, informó el IAE.

Para atenuar este gasto, el gobierno introdujo a partir de agosto una «segmentación tarifaria» para que la población con mayor poder adquisitivo deje de beneficiarse con los subsidios (que hoy aplican a todos).

Massa también señaló que habrá un tope por hogar para el consumo energético subsidiado y anunció que a partir de septiembre también se segmentará el consumo de agua.

Según el funcionario, con estas medidas «el Estado se ahorrará 500.000 millones de pesos al año» (cerca del 0,5% del PIB).

Empleo estatal

Otro anuncio que hizo el nuevo ministro de Economía fue congelar las nuevas contrataciones en «todos los sectores de la administración pública nacional centralizada».

El empleo público es otra de las grandes cargas que tiene el Estado: uno de cada cinco argentinos trabaja en el sector público, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, una de las cifras más altas de América Latina.

En 13 de las 23 provincias argentinas el número de empleados públicos supera al de asalariados del sector privado registrado, según destacó un trabajo publicado en 2021 por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea.

El crecimiento del empleo público fue clave para reducir la desocupación tras la crisis de 2001/2, que dejó a uno de cada cinco argentinos en actividad sin trabajo.

Pero cuando la economía se reactivó, el Estado se siguió ampliando.

Tanto el kirchnerismo como el macrismo aumentaron el personal de la administración pública.

Y, si bien el empleo público sigue siendo un factor determinante para mantener baja la tasa de desocupación, que hoy alcanza el 7%, los números muestran que el Estado se ha convertido en el motor del empleo.

Mientras que la cantidad de trabajadores públicos pasó de 2.6 millones a 3.3 millones en la última década (un aumento del 27%), el número de trabajadores privados formales se mantuvo estancada, en 6.1 millones, según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Ayuda social

Un tercer anuncio que hizo Massa para equilibrar el gasto fiscal fue ordenar una auditoría de los «planes sociales».

Así llaman los argentinos a una serie de programas de asistencia social que buscan proteger a los más desfavorecidos.

Tanto el kirchnerismo como el macrismo aumentaron la asistencia social durante sus gobiernos para ayudar a los sectores más afectados por las constantes devaluaciones y aumentos de precios.

Si se suman las ayudas familiares -como la Asignación Universal por Hijo, creada en 2009-, y los distintos programas, el porcentaje del gasto público destinado a asistencia social en 2021 superó el 10%.

Pero con un nivel de pobreza cercana al 40%, cada vez más argentinos dependen de la ayuda económica del Estado.

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) advirtió que, sin esta ayuda, el índice de pobreza podría llegar al 50% y el de indigencia al 20%.

No obstante, algunos cuestionan la sustentabilidad económica del sistema de protección social, que, según el Observatorio, en 2021 ayudó a un poco menos de la mitad de la población (44,7%), una cifra similar a la de 2019, antes de la pandemia.

Los críticos resaltan que hay tres veces más personas que reciben ayuda del Estado (unas 21 millones) que las cerca de 6 millones del sector privado que, a través de impuestos sobre sus salarios, son los principales financiadores de las arcas públicas (ya que cerca de un tercio de los trabajadores en Argentina son informales y los empleados públicos reciben más dinero del Estado del que aportan).

Sistema previsional

El gasto más alto que tiene el Estado argentino es el de jubilaciones y pensiones, que se llevan un tercio del presupuesto.

Sin embargo, lejos de proponer recortes, Massa anunció que el gobierno cumplirá con el aumento jubilatorio del 15% que está pautado por ley para septiembre y además agregará un bono para quienes cobren los haberes más bajos.

Son anuncios muy esperados por los retirados, el 70% de los cuales cobran jubilaciones mínimas que no llegan a cubrir la canasta básica.

¿Por qué entonces representa este gasto una carga tan pesada para el Estado?

El principal motivo es que, aunque el poder adquisitivo de los jubilados se ha deteriorado notoriamente en los últimos años, Argentina tiene una de las coberturas previsionales más amplias de la región, por encima del 90%.

Esto es gracias a una serie de moratorias realizadas durante el kirchnerismo que duplicaron el número de jubilados, permitiendo que millones de amas de casa y trabajadores informales obtengan este beneficio al que antes no hubieran podido acceder.

Pero lo que es celebrado por el gobierno como «justicia social» está complicando las finanzas del Estado, porque de los 9 millones de jubilados y pensionados que hoy tiene el país, menos de un cuarto realizó los aportes correspondientes.

Según un informe publicado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) solo el 23% de los jubilados realizó los 30 años de contribuciones.

22% contribuyó menos de 30 años, gracias a regímenes especiales de jubilación anticipada.

Pero la mayoría, un 55%, se jubiló sin aportes.

A esto se suma otro desequilibrio del otro lado del espectro jubilatorio: las llamadas «jubilaciones de privilegio» que cobran, entre otros, políticos, diplomáticos y jueces, y que alcanzan al 1% del PIB, según cálculos del exministro de Economía Martín Lousteau.

«El desorden previsional es una de las principales fuentes de déficit fiscal», advirtió el reporte de Idesa, cuyo jefe de investigadores, Jorge Colina, le dijo a BBC Mundo que el sistema actual es «insostenible».