Un nuevo caso de corrupción y delincuencia dentro de la Policía Nacional ha salido a la luz tras el secuestro de una familia en el norte de Guayaquil. El hecho ocurrió el lunes 19 de agosto en el parque industrial California, ubicado en el distrito Pascuales, cuando una familia que se movilizaba en su vehículo fue interceptada por varios antisociales que se hicieron pasar por agentes policiales. Utilizando motos similares a las de la Policía, simularon un operativo y secuestraron a la madre y a la hija, mientras dejaban al padre abandonado en el sector de Socio Vivienda, para luego enviarle mensajes extorsivos.

El operativo policial para rescatar a las víctimas se llevó a cabo en el distrito Nueva Prosperina, en el noroeste de la ciudad, donde en el bloque 6 de Flor de Bastión se logró liberar a la madre y a la hija. Durante la intervención, se detuvo a siete personas, entre ellas tres servidores policiales identificados como Andrés M., subteniente de 24 años con dos años de servicio; Gabriel M., cabo segundo de 36 años con ocho años de servicio y antecedentes por evasión; y Christian O., cabo segundo de 31 años y con ocho años de servicio.

Los tres agentes pertenecían a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de El Fortín y fueron acusados de formar parte del grupo delictivo Los Tiguerones, según informó el comandante general de la Policía, Víctor Hugo Zárate, durante una rueda de prensa. Un juez dictó prisión preventiva para los policías involucrados.

El comandante Zárate reveló que en lo que va del 2024, 381 servidores policiales han sido sumariados y dados de baja por conductas indebidas y delitos. Además, señaló que el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) presenta vacíos que dificultan la destitución rápida de agentes involucrados en actividades delictivas, ya que el proceso administrativo puede tomar hasta 50 días.

Ante esta situación, la Policía y el Ministerio del Interior han trabajado en un nuevo Código Orgánico de Policía para recuperar la disciplina dentro de la institución. Zárate destacó la necesidad de contar con una ley más firme que evite el reingreso de agentes que han cometido faltas graves, lo que ha sido apoyado por algunos expertos legales que consideran que es necesario agilizar los procesos disciplinarios actuales.

El caso de los policías implicados en el secuestro ha reavivado el debate sobre la corrupción dentro de la fuerza pública y la necesidad de reformas que fortalezcan la disciplina y el control dentro de la Policía Nacional.