El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado este jueves un nuevo estado de excepción por 60 días que afecta a la capital, Quito, y a seis provincias más. Esta medida busca continuar con el «conflicto armado interno» contra las bandas del crimen organizado que fue declarado a inicios de año.

Provincias y zonas afectadas

Las provincias bajo este estado de excepción incluyen a Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí, Santa Elena, Orellana y el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay, conocido por ser un enclave minero que diversas bandas criminales buscan controlar para la minería ilegal. Quito se suma a estas zonas debido al incremento de la violencia y presencia de grupos armados.

Objetivo: combatir a las bandas criminales

El propósito principal de esta medida es contrarrestar las actividades de las bandas criminales y reforzar el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana, la protección interna y el orden público. El decreto presidencial especifica que se realizarán allanamientos, inspecciones y requisas para localizar a miembros de estas bandas.

Suspensión de derechos y toque de queda

Durante los 60 días de vigencia, se suspenderán los derechos de inviolabilidad de domicilio y correspondencia, así como la libertad de reunión en las zonas afectadas. También se impondrá un toque de queda de 22:00 a 5:00 en ciudades con altos índices de criminalidad como Durán, Babahoyo y Quevedo.

Revisión por la Corte Constitucional

Esta medida será evaluada por la Corte Constitucional, que en ocasiones anteriores ha revocado estados de excepción por considerar insuficiente la declaración de «conflicto armado interno» como justificación para acciones excepcionales.

Contexto de violencia en Ecuador

Ecuador ha experimentado un alarmante aumento de la violencia, con una tasa de 47,2 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023, lo que lo posiciona como el país con mayor índice de homicidios per cápita en Latinoamérica. El auge del narcotráfico y la minería ilegal son las principales causas de este incremento de la criminalidad.

El Gobierno afirma que las muertes violentas han disminuido en un 17 % en 2024 en comparación con el año anterior, pero la violencia, secuestros y extorsiones continúan afectando al país.