El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha presentado una solicitud ante la Corte Constitucional para modificar la Constitución y endurecer las medidas contra el crimen organizado y el terrorismo. La reforma propone que la prisión preventiva sea obligatoria en estos casos, reforzando el sistema judicial para evitar la impunidad de estructuras delictivas.

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— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) February 5, 2025

¿Qué cambios propone la reforma constitucional?

Actualmente, la Constitución establece que la prisión preventiva es una medida excepcional y prioriza el uso de alternativas. Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo busca modificar el artículo 77 para que, en delitos relacionados con el terrorismo y el crimen organizado, la prisión preventiva sea obligatoria.

Los cambios clave incluyen:

• Artículo 77, numeral 1: Se agregará una disposición que establece la prisión preventiva obligatoria para delitos de terrorismo y crimen organizado, bajo condiciones determinadas por la ley.
• Artículo 77, numeral 11: Se eliminará la posibilidad de aplicar medidas alternativas en estos casos, fortaleciendo la capacidad del Estado para retener a los sospechosos.

Proceso legislativo y próximos pasos

La reforma debe pasar por un control previo de constitucionalidad en la Corte Constitucional. Si recibe luz verde, el presidente Noboa enviará un proyecto de ley reformatorio al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en un plazo de cinco días. La Asamblea Nacional tendrá 60 días para debatir y aprobar la reforma, en un proceso que incluirá consultas con distintos sectores.

Impacto y debate sobre la medida

Ecuador enfrenta una grave crisis de seguridad, con un incremento en casos de narcotráfico, sicariato y terrorismo. El Gobierno sostiene que esta reforma es esencial para combatir la impunidad y evitar que los delincuentes eludan la justicia.

Sin embargo, expertos en derecho y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación sobre posibles vulneraciones a la presunción de inocencia y el riesgo de abusos judiciales. Algunos sectores advierten que la reforma debe garantizar que no se utilice de manera indiscriminada contra ciudadanos sin pruebas suficientes.

La propuesta del presidente Daniel Noboa marca un endurecimiento en la política de seguridad de Ecuador, alineándose con medidas adoptadas en otros países para combatir el crimen organizado con mayor firmeza. El debate ahora está en manos de la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional, donde se determinará si esta reforma se convierte en una nueva herramienta para enfrentar la crisis de inseguridad en el país.