Luego de varios meses de investigación, la operación denominada Rescate Ecuador Gran Impacto 97, permitió desarticular una organización delictiva que se dedicaba al tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos y otros elementos no autorizados. Esta red operaba en 8 provincias del país y contaba con la participación de funcionarios policiales y militares en servicio activo y pasivo, lo que les facilitaba el comercio y evitaba que fueran detectados en los controles de carreteras.

El Crnl. Edwin Navas Arias informó que la red de tráfico utilizaba a la empresa El Minerito, “dedicada a la comercialización de explosivos destinados para la industria nacional, con la finalidad de desviar estos materiales y suministrar a las organizaciones delictivas dedicadas a la minería ilegal, así como el presunto abastecimiento a grupos de delincuencia organizada que operaban en el sur de Colombia, frontera con Ecuador”.

Según indicó Navas, la estructura adquiría explosivos a grandes empresas ubicadas en Ecuador, Perú y Bolivia,  para luego acopiarlos temporalmente en un sector de Zamora Chinchipe, desde donde era transportada a manera de encomienda a través de transporte interprovincial, camionetas y autos a manera de encomiendas. La mercadería circulaba también desde el Oro y Loja hasta el cantón Otavalo.

Las provincias de donde transitaba y se comercializaba el material explosivo de manera ilegal son Carchi, Chimborazo, El Oro, Zamora Chinchipe, Guayas, Loja, Sucumbíos y Morona Santiago.

La operación deja como resultado lo siguiente:

13 detenidos

15.970 tacos de dinamita

10.900 cápsulas fulminantes

5.011 tacos de emulsión explosiva

150 kilogramos de retardante explosivo

23 unidades de explosivo de contorno

45 tacos de pentolita

925 kilogramos de anfo

28.000 metros de mecha de seguridad

7.500 metros de cordón detonante

4 armas de fuego cortas de varios calibres

4 armas de fuego largas

54 cartuchos de diferentes calibres

5 alimentadoras

3 vehículos

16 teléfonos celulares

2.140 dólares en efectivo

Para llevar a cabo esta intervención, la Unidad Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO), y la Unidad Nacional de Inteligencia Transnacional (UNIT), bajo la dirección de la Fiscalía especializada, allanaron 17 domicilios a nivel nacional.

Otras tres operaciones similares se ejecutaron entre octubre y noviembre, dejando como resultado siete detenidos y elementos explosivos incautados.