El Campo Sacha, ubicado en la provincia de Orellana, es uno de los yacimientos petroleros más productivos de Ecuador, con una extracción diaria de aproximadamente 50.000 barriles de crudo. Este campo ha sido operado por Petroecuador y es considerado un activo estratégico para la economía nacional, ya que su producción representa una parte significativa de los ingresos petroleros del país.

Con el objetivo de incrementar la producción y atraer inversión extranjera, el Gobierno decidió adjudicar su operación al Consorcio Sinopetrol, compuesto por Amodaimi Oil Company y Petrolia Ecuador S.A..

Condiciones del contrato y postura del Gobierno

El presidente Daniel Noboa ha defendido la adjudicación del campo, asegurando que no existe ningún conflicto de interés en el proceso. En respuesta a las críticas, el mandatario afirmó que su familia “jamás ha vivido del Estado”, desmintiendo cualquier relación con la concesión otorgada al consorcio.

Noboa estableció una fecha límite hasta el 11 de marzo para que el consorcio deposite una prima de USD 1.500 millones, los cuales serán destinados a seguridad, salud e inversión social. “Si no pagan, no hay contrato. Así de sencillo”, advirtió el presidente, dejando claro que si el consorcio no cumple con el compromiso económico, el Estado buscará otras opciones para la administración del campo.

Críticas y proceso de fiscalización

La adjudicación del Campo Sacha ha generado reacciones divididas. La Asamblea Nacional ha rechazado el proceso, alegando que se incumplió la Ley de Hidrocarburos al no abrir una licitación pública. Varios legisladores han solicitado la comparecencia de funcionarios del Gobierno para que expliquen los detalles del contrato.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas ha reiterado que la concesión cumplió con los requisitos legales y técnicos, asegurando que la inversión privada permitirá aumentar la producción petrolera y generar mayores ingresos para el país.

Lo que sigue en el proceso

El plazo para el pago de la prima vence el 11 de marzo, y se espera que en los próximos días haya más pronunciamientos oficiales sobre la viabilidad del contrato. Mientras tanto, organismos de control, como la Contraloría General del Estado, podrían iniciar una revisión del proceso para garantizar su transparencia.