La tarde del martes 3 de septiembre de 2024, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, allanó las oficinas del Ministerio de Energía y Minas en Quito.

La intervención, que incluyó el registro minucioso del edificio de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, fue anunciada por la Fiscalía a través de sus redes sociales.

El allanamiento, realizado bajo la figura de un “acto urgente”, responde a las sospechas de irregularidades en el proceso de otorgamiento de catastros mineros, un tema de alta sensibilidad dado que el catastro minero es la herramienta clave que registra todas las áreas concesionadas para actividades mineras en el país.

Aunque esta plataforma ha permanecido oficialmente cerrada desde 2018, el Gobierno ha insistido en que trabaja en el desarrollo de una nueva política minera más robusta.

El Ministerio de Energía y Minas respondió sobre el allanamiento de Fiscalía

En un comunicado, el Ministerio de Energía y Minas señaló que fueron allanadas las oficinas del Viceministerio de Minas y en las instalaciones de la Agencia de Regulación y Control Minero.

Esto, para recabar información como parte de un procedimiento de investigación inherente a un presunto otorgamiento irregular de derechos mineros en años anteriores.

El Ministerio dijo que expresó “su total apoyo al trabajo que desarrolla el organismo fiscalizador y brindará todas las facilidades en el proceso”.