el Contralor General del Estado Pablo Celi, presentó una queja a la Presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, por la actuación irregular del fiscal Luis Fernando Cadena Vélez, quién está a cargo de la investigación sobre la adjudicación de los procesos de demolición y desalojo de escombros en las edificaciones afectadas por el sismo del 16 de abril de 2016, en Manabí.

Según la Contraloría, el 2 de marzo de 2018 se aprobó en informe con indicios de responsabilidad penal en contra de dos funcionarios de la Subsecretaría Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por las irregularidades detectadas en la selección del contratista. La adjudicación, por más de USD 3.3 millones, se efectuó a una empresa que no contaba con personería jurídica ni podía garantizar la ejecución adecuada de los trabajos.

En enero de 2019, luego de conocer el caso y realizar la investigación previa, el Fiscal Cadena formuló cargos por el presunto delito de tráfico de influencias. Con resolución final, el 8 de febrero, a las 08h22, el fiscal solicitó al Juez de Garantías penales que señale hora y fecha para la audiencia preparatoria de juicio.

Sin embargo, el mismo día, a las 12h00, se notificó por segunda vez a la Dirección Provincial de Manabí con una nueva resolución fiscal, que tenía como encabezado “Motivo Reversa”, dictamen de “Resolución dada de baja”. Y ese mismo día, a las 13h08, se notificó por tercera vez al ente de control de Manabí, con resolución de dictamen abstentivo en favor de los dos procesados.

Para el Contralor esto da cuenta del cuestionable cambio de criterio traducido en las resoluciones fiscales, por cuanto en la primera solicitó fecha preparatoria y evaluatoria de juicio, lo cual suponía que, como titular de la acción penal, debía emitir una en audiencia un dictamen acusatorio, pero en la tercera resolución elevó en conocimiento del Juez de Garantía Penales de Manabí, un dictamen totalmente distinto, abstentivo a favor de los dos funcionarios señalados.

Frente a esto, el organismo de control solicitó al Consejo de la Judicatura se inicie un sumario administrativo en contra del funcionario judicial.