Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, ha declarado que la denuncia presentada por el Gobierno Nacional en su contra y la de sus dos hermanos, por presunto comercio irregular de combustible, es una represalia debido a sus constantes reclamos públicos sobre la necesidad de obtener una garantía soberana. Este reclamo tenía como objetivo facilitar al Cabildo porteño acceso a un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En su enlace radial semanal el miércoles 17 de julio, Álvarez destacó que aún no ha recibido notificación oficial por parte de la Fiscalía General del Estado y afirmó no saber la ubicación exacta de la denuncia en cuestión. El alcalde subrayó que ni él ni sus hermanos han cometido delito alguno preliminarmente, aunque se mostró dispuesto a colaborar plenamente con la investigación.

Además, expresó su decepción respecto al comportamiento del prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, quien también buscaba una garantía soberana para acceder a un crédito de más de 43 millones de dólares destinado a obras de vialidad en la región centro-sur de la provincia costera. Álvarez criticó que Orlando previamente había «rogado» al presidente Daniel Noboa por esta garantía, insinuando un cambio en su postura.

Estas declaraciones de Álvarez reflejan una situación tensa entre las autoridades locales y el Gobierno Nacional, marcada por acusaciones de retaliación y disputas sobre la gestión de recursos financieros para proyectos de infraestructura clave en Ecuador