BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal argentino condenó el viernes al obispo Gustavo Zanchetta a cuatro años y seis meses de prisión por abuso sexual y ordenó su inmediata detención, lo que supone un fuerte golpe para el papa Francisco, con quien mantenía una relación muy cercana.

La condena fue informada en la cuenta de Twitter del Ministerio Fiscal de la provincia norteña de Salta, donde el religioso ejerció ente 2013 y 2017 como obispo de la ciudad de Orán, situada a 1.600 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.

La sentencia impartida por la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán fue por “abuso sexual continuado agravado” de dos exseminaristas. Luego de escuchar el veredicto, y con el rostro cubierto por una mascarilla por la pandemia de coronavirus, el obispo fue sacado del lugar en un automóvil. No se informó si irá a una dependencia policial o a un penal.

Varias mujeres que estaban en las cercanías del tribunal con pancartas que decían “Iglesia y Estado, asunto separado, Iglesia cómplice” se abrazaron cuando conocieron el veredicto. Alejandra Niño destacó que la condena implica el cumplimiento efectivo de la pena y que es un triunfo para todos aquellos “que pidieron justicia todo este tiempo”.

No hubo comentarios inmediatos del Vaticano, que no había sido informado por los medios de la Santa Sede en las horas posteriores a su anuncio.

Zanchetta viajó procedente de Roma para enfrentar el proceso que comenzó el 21 de febrero y su condena impacta en la credibilidad de Francisco, quien inicialmente rechazó las acusaciones en su contra y en 2017 le ofreció un trabajo en el Vaticano para sacarlo de Argentina.

Francisco dijo en una entrevista a la cadena Televisa de México en 2019 que Zanchetta “se defendió bien” cuando se enfrentó a las primeras denuncias de que tenía imágenes obscenas en su teléfono celular. Según el papa, “la defensa de él es que se lo habían jaqueado, y se defendió bien, entonces frente a lo obvio y una buena defensa queda la duda, pero, ‘In dubio pro reo’ (en caso de duda, a favor del acusado)”.

Francisco justificó además la decisión de nombrar asesor a Zanchetta en una de las oficinas vaticanas más sensibles, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (A.P.S.A.) que administra las inversiones y los activos del Vaticano, al señalar que el prelado recibía terapia psicológica en España una vez al mes, durante la cual se había determinado que “tenía capacidad de diagnóstico de gestión”, y que no tenía sentido que regresara a Argentina. Zanchetta ya no cumple funciones en la APSA.

El pontífice, quien ha manifestado que hay que caer con todo el peso de la ley y no proteger a los abusadores, también afirmó que no se quedó “quieto” con este caso y que en diciembre de 2018 decidió emprender “la investigación previa de las acusaciones que había” y una vez que fue terminada observó “que era necesario hacer un juicio” canónico para lo cual dio paso a la Congregación de la Doctrina de la Fe. De ese proceso no se conocen aún los resultados.

Carlos Lombardi, quien integró la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales Eclesiásticos en Argentina y sigue representando a víctimas de esos hechos, dijo a The Associated Press que la sentencia “representa un golpe fuerte para Bergoglio (el papa) por la defensa pública que ha hecho de este sujeto… no tienen ya argumentos para proteger a estos delincuentes con sotana”.

El papa también ha sido cuestionado por víctimas de su país por no haber retirado el estado sacerdotal al cura argentino Julio César Grassi, cuya condena a prisión por el abuso a un menor fue ratificada en 2017 por la Corte Suprema.

Anne Barrett Doyle, codirectora de BishopAccountability.org -una organización dedicada a documentar los casos de abuso en el seno de la Iglesia católica- dijo en comentarios escritos enviados a la AP que “esta es una decisión impresionante de la patria del papa” y “una señal de que incluso donde la Iglesia Católica ejerce el poder, las sociedades civiles cada vez más no tolerarán el abuso sexual de adultos jóvenes por parte de figuras poderosas, incluso si el acusado es un obispo católico, e incluso si ese obispo cuenta con el apoyo del mismo papa Francisco”.

Barret-Doyle señaló además que “el comportamiento preocupante” del papa en este caso forma parte de una conducta proteccionista hacia los prelados y que respondió de manera similar a las acusaciones de encubrimiento de este tipo de delitos contra el obispo Juan Barros de Chile.

Durante el proceso a Zanchetta los fiscales dijeron que éste incurrió en “manipulación espiritual” y “abuso de conciencia” y resaltaron la situación de vulnerabilidad de los exseminaristas, cuyas identidades no se han dado a conocer. El religioso negó las acusaciones y sostuvo que era víctima de una “venganza” de sacerdotes de Orán con los que mantenía diferencias.

En 2016 cinco curas de esa localidad elevaron una acusación contra su entonces superior ante la Nunciatura en la que lo señalaban de autoritarismo, desmanejos económicos y abusos sexuales que habrían sucedido en el seminario San Juan XXIII.

El Vaticano dijo que no existían denuncias contra Zanchetta por abusos sexuales cuando fue designado a fines de 2017 para realizar labores en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica luego de renunciar abruptamente unos meses antes como cabeza del Obispado de Orán.

Pero el sacerdote Juan José Manzano, uno de los que elevó informes sobre el comportamiento del obispo, dijo a AP en una entrevista en enero de 2019 que el Vaticano tenía información del comportamiento sexual inapropiado desde 2015, incluyendo fotografías en las que aparecía desnudo.

Durante el juicio, Manzano declaró que mientras se desempeñaba como obispo Zanchetta tendía a “abrazar por largo tiempo” y recordó una situación en que “monseñor” estaba con algunos jóvenes y lo notó “muy cargoso con uno de los chicos”.

El escándalo tomó trascendencia pública a principios de 2019 con un informe del diario El Tribuno de Salta. La justica local inició entonces una investigación de oficio.

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Los periodistas de AP Nicole Winfield y Victor Caivano colaboraron en esta nota desde Roma y Buenos Aires.

AP.