La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional acogió las tres observaciones que realizó el Ejecutivo al proyecto de “Ley para la Eficiencia en la Contratación Pública”. Y prepara el informe que se enviará a la Presidencia de la Legislatura para su inclusión en la agenda del Pleno.

El pasado 11 de enero los legisladores aprobaron el proyecto de ley en segundo debate, pero el Presidente de la República, Rafael Correa, consideró que es necesario precisar tres temas y objetó parcialmente la norma. El uno se refiere a la negociación del precio cuando un bien inmueble se declara de utilidad pública.

Los asambleístas plantean que cuando el Estado realice una expropiación se busque un acuerdo directo entre las partes, hasta por 30 días, con la posibilidad de que se pueda ocupar inmediatamente el inmueble. Para que proceda dicha ocupación se debe realizar el pago previo o, a su vez, la consignación, en caso de no existir acuerdo.

En este artículo, según el informe de la comisión, el primer mandatario, cree necesario garantizar el derecho a la propiedad privada e incluye la posibilidad de que el expropiado pueda disponer del dinero, en cualquier momento, antes de que finalice el juicio; especifica, además, que esa decisión no perjudicará la impugnación propuesta.

La comisión en el informe señala que el argumento es válido. Precisa que, como un juicio expropiatorio puede tomar cierto tiempo, se debe garantizar al propietario los medios económicos para que pueda desarrollar sus actividades normales.

El otro tema que impugna el Presidente de la República es sobre los derechos de cobro de los proveedores de la Economía Popular y Solidaria.

En el proyecto, los asambleístas aprobaron que los proveedores del Estado, pertenecientes a este sector, puedan ceder los derechos de cobro, con autorización del Servicio de Contratación Pública; sin embargo, el Régimen señala que, más bien, se debe cumplir los pagos correspondientes para que sus titulares no sufran descuentos en las negociaciones de los derechos de cobro.

El último tema, relacionado con la afectación de las actividades económicas cuando haya expropiación, mejora la redacción.

Fuente: Dir. Comunicación de la Asamblea Nacional / Foto: AME