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Asamblea Nacional aprueba juicio político contra cuatro ministros del Gobierno de Daniel Noboa

La Asamblea Nacional de Ecuador resolvió llamar a juicio político a cuatro ministros del Gobierno de Daniel Noboa por presunto incumplimiento de funciones. En la sesión del 6 de agosto, el Pleno debatió sobre el informe de fiscalización relacionado con la comuna de Olón, en Santa Elena, tras el fallido intento de construir el proyectoLeer más

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6 agosto, 2024

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La Asamblea Nacional de Ecuador resolvió llamar a juicio político a cuatro ministros del Gobierno de Daniel Noboa por presunto incumplimiento de funciones. En la sesión del 6 de agosto, el Pleno debatió sobre el informe de fiscalización relacionado con la comuna de Olón, en Santa Elena, tras el fallido intento de construir el proyecto inmobiliario Echo en el área de protección «Esterillo Oloncito».

Este proyecto estaba a cargo de la empresa Vinazin S.A., propiedad de Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Noboa, y había obtenido permisos ambientales con inusitada rapidez.

Los ministros llamados a juicio político son Sade Fritschi, ministra del Ambiente; Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa; Niels Olsen, ministro de Turismo; y Mónica Palencia, ministra del Interior, quien ya enfrenta su tercer pedido de juicio político. La resolución fue respaldada por 94 asambleístas de diversas bancadas, incluyendo Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano (PSC), Construye, y algunos independientes, mientras que la bancada de Acción Democrática Nacional y algunos aliados se opusieron.

El informe de la comisión especial también destaca supuestas irregularidades en el otorgamiento de permisos ambientales a favor de Vinazin S.A., y por ello, los legisladores solicitan la intervención de la Fiscalía General del Estado para investigar posibles infracciones. Además, se pedirá a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial sobre el proceso de otorgamiento del Registro Ambiental a la mencionada empresa, basado en el Plan de Manejo Ambiental definido por el operador a través del Sistema Único de Información.

Este proceso de fiscalización se enmarca en la defensa de la protección de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunas de la provincia de Santa Elena, enfatizando la necesidad de transparencia y responsabilidad en la gestión pública.

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