La noche del 19 de septiembre, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos clausuró una de las gasolineras de la cadena Copedesa, empresa relacionada con la familia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La clausura se llevó a cabo en medio de un fuerte despliegue policial en el establecimiento ubicado en las calles Los Ríos y Clemente Ballén, en el centro de la ciudad, para evitar la venta de combustible.

El alcalde Álvarez, quien es hermano de Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC y uno de los señalados en el caso, reaccionó a las 21:07 a través de su cuenta en redes sociales, sin referirse directamente a la clausura. «Nosotros seguimos adelante, Guayaquil seguirá en marcha, siempre!! Créanme que nada nos afecta, aunque quieran quebrarnos, más fuertes nos ponen», expresó el burgomaestre.

Investigación en marcha

La suspensión de las operaciones de Copedesa ocurre en el marco de una investigación más amplia, conocida como el «Caso Triple A», en la que la Fiscalía ha allanado varias empresas en Guayaquil y Milagro por un presunto desvío y comercialización irregular de combustibles. La denuncia fue presentada en julio por Franklin Erreyes Tocto, director de la Agencia de Regulación y Control de Energía, y apunta a Antonio Álvarez y otras nueve personas.

El alcalde, sin hacer mención explícita a los señalamientos, citó un pasaje de la Epístola a los Efesios del Nuevo Testamento: «Pero sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu».

Álvarez concluyó su mensaje con una frase que alude a una confrontación moral: «Ya esto es una lucha entre el bien y el mal y ojo, siempre gana el bien!! Voten bien», acompañado de un emoticón de guiño.

Contexto y repercusiones

Copedesa fue señalada por presunta comercialización irregular de combustibles, un caso que ha puesto en el ojo del huracán a varios personajes públicos. La investigación de la Fiscalía busca esclarecer la supuesta trama de desvío que podría haber generado un impacto económico significativo para el Estado.

Esta clausura y la reacción del alcalde Álvarez llegan en un contexto político tenso, con acusaciones cruzadas y una fuerte presión mediática. La ciudadanía se mantiene a la expectativa de cómo avanzará el caso y cuál será el desenlace para los implicados.