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Comité de Ética se reinstala para recibir pruebas en torno a la denuncia hacia Guadalupe Llori

La mañana de este martes 8 de noviembre, en la Asamblea Nacional se reinstaló la sesión No.21 para recibir pruebas de las partes denunciante como denunciada, en torno al proceso de conocimiento y sustanciación de la denuncia de la legisladora Johana Ortiz (Unes), hacia Guadalupe Llori, de Pachakutik (PK).

Redacción

8 noviembre, 2022

La mañana de este martes 8 de noviembre, en la Asamblea Nacional se reinstaló la sesión No.21 para recibir pruebas de las partes denunciante como denunciada, en torno al proceso de conocimiento y sustanciación de la denuncia de la legisladora Johana Ortiz (Unes), hacia Guadalupe Llori, de Pachakutik (PK).

El legislador Augusto Guamán (AC) señaló que comenzó una investigación alrededor de la administración de Guadalupe Llori a partir que varios medios de comunicación publicaran una noticia donde algunos colaboradores de la asambleísta habrían alquilado un vehículo de alta gama para movilizarse.

Respecto a los datos correspondientes en las facturas y si los valores eran de característica pública o privada, Guamán confirmó que toda la documentación fue emitida por el SRI, donde precisa que Cadena Cañizares, Meza Roxana, Cadena Gloria, entre otros, pagaron por el alquiler de dicho automóvil mediante factura y los valores eran privados.

Por su parte, la legisladora Luisa González (CREO) enfatizó que Guamán presentó las facturas del alquiler del auto de alta gama, pero no sabría precisar si los fondos serían públicos o privados lícitos. Por ello, señala que habría que solicitar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que realice la investigación correspondiente.

La sesión fue suspendida por el presidente del Comité de Ética, José Chimbo, debido a la insistencia de varios comparecientes.

Contexto

El pasado 31 de agosto de 2022, Johanna Ortiz presentó una denuncia en contra de Llori, por presuntamente incurrir en la prohibición establecida en el numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se sanciona con la destitución del cargo.

“Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas; que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo”, señala dicho artículo.

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