Jaime Rubén Chugchilán Caisaguano, quien sería el reemplazo de Francisco Bravo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tiene una orden de prisión por presunta estafa masiva.
Bravo fue destituido junto a Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán, por «incumplimiento de funciones al reformar el Reglamento para la elección de Contralor y falta de transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial», señaló un comunicado referente al hecho.
Al ser cargos públicos, los suplentes deben ser los siguientes más votados en las elecciones de 2019 según la lista del CNE serían Mónica Moreira, Karina Ponce, Carlos Figueroa y Jaime Chugchilán, quien enfrenta un juicio desde 2019.
Según la versión de la Fiscalía, Chugchilán habría intentado vender unos puestos comerciales en un galpón en el mercado mayorista de Quito por 10 mil dólares.
