El lunes 10 de mayo del 2021 la Asamblea Nacional resolvió censurar y destituir al asambleísta Fabricio Villamar, después de una investigación por la obtención irregular de su carné de discapacidad. La acción legislativa fue aprobada con 107 votos a favor de todas las bancadas, y cinco abstenciones.

Previa a esta decisión, el Consejo de Administración Legislativa, en el marco de su sesión 041 del jueves 6 de mayo del 2021, conoció lo resuelto por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha sobre las medidas cautelares solicitadas por el asambleísta Fabricio Villamar, en contra del Presidente de la Asamblea Nacional y demás miembros del CAL, después de que calificaran una denuncia presentada por el legislador Rodrigo Collaguazo.

El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, luego del análisis correspondiente, concluyó que el acto presuntamente vulneratorio de derechos, fue emitido en legal y debida forma por el máximo órgano administrativo del Parlamento. Así, resolvió negar la acción constitucional presentada por el asambleísta Villamar; por lo que desde la presidencia del legislativo se determinó que no existe impedimento legal para que las diferentes instancias de la Asamblea Nacional continúen con el proceso disciplinario instaurado en contra el legislador.

Por su parte el funcionario reaccionó a través de su cuenta Twitter ante esta decisión e hizo alusión a la credibilidad de la Función Legislativa: «Ahora cachan por qué no pintan ni margen de error en las encuestas.»

Y por igual medio, Francisco Villamar, difundió un comunicado dirigido a sus mandantes y en una de las partes pertinentes, asegura: «Aun no entiendo como destituir al asambleísta que denunció a los que excomulgan del hemiciclo de la astucia a a devolverles su pristina representación manchada de diezmos, glosas, sentencias y torpeza.»

Días atrás, el CAL calificó la denuncia presentada por el asambleísta Rodrigo Collaguazo en contra del Legislador Fabricio Villamar, por presuntamente haber incurrido en la prohibición señalada en el artículo 163 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) reformada, que señala “…Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas; que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones, no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo.”

El Comité de Ética, en el proceso de sustanciación y práctica de pruebas de cargo y de descargo de las partes, analizó la conducta del asambleísta Fabricio Villamar Jácome y determinó que existe ausencia de ética y responsabilidad política al abusar del cargo para acceder a beneficios económicos con un carné de discapacidad que presuntamente habría sido obtenido de manera irregular.

En el informe presentado a la Presidencia del Parlamento se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional la destitución del asambleísta Villamar. Conforme lo determina el artículo 166 de la LOFL, en los próximos días, el documento será incluido en el orden del día de la sesión del Pleno para su tratamiento.