En menos de dos años, Ecuador ha sido testigo de dos femicidios que han sacudido a la nación, ambos perpetrados dentro de instalaciones de seguridad del Estado por hombres que, paradójicamente, estaban entrenados para proteger. Estos crímenes han despertado indignación y demandas de justicia en todo el país.

El más reciente caso involucra a la subteniente del Ejército Aidita Ati, cuyo cuerpo fue encontrado en el dormitorio de mujeres de la Brigada de Selva 19, en el Fuerte Militar Napo. Según el informe forense, Ati fue víctima de violencia física y sexual antes de ser asesinada por asfixia. A pesar de la solicitud de la Fiscalía de prisión preventiva para los cuatro militares implicados, una jueza especializada en Violencia Contra la Mujer decidió otorgarles medidas alternativas, lo que ha generado críticas y preocupación por la posibilidad de influencias indebidas en el proceso judicial.

El caso de María Belén Bernal, ocurrido en septiembre de 2022 dentro de la Escuela Superior de Policía ‘Alberto Enríquez Gallo’ en Quito, sigue resonando en la memoria colectiva de Ecuador. Bernal, esposa de su femicida, un teniente de Policía e instructor de cadetes, fue estrangulada y su cuerpo encontrado días después en un terreno cercano a la academia. Tras una intensa búsqueda, el responsable fue capturado en Colombia y posteriormente condenado a 34 años de prisión.

Ambos casos han provocado protestas y llamados a la acción para exigir justicia y medidas efectivas contra la violencia de género dentro de las fuerzas de seguridad. Familiares de las víctimas y activistas han expresado su indignación y han exigido que los culpables sean retirados de las instituciones militares y policiales, además de enfrentar procesos judiciales rigurosos.

La tragedia de Aidita Ati ha vuelto a poner de relieve las falencias en la protección de las mujeres dentro de las instituciones de seguridad en Ecuador. Mientras el gobierno asegura que no habrá impunidad, la sociedad civil y las familias de las víctimas continúan demandando justicia y reformas profundas para prevenir futuros casos de violencia de género en estos entornos sensibles.