Tras la denuncia del presidente Guillermo Lasso acerca de presuntos chantajes de legisladores que buscaban obtener beneficios económicos a cambio de otorgar votos a favor de la Ley de Inversiones, desde la Asamblea hubo diversas reacciones, entre ellas, quienes solicitaban al primer mandatario la revelación quiénes serían los implicados. 

Incluso, Salvador Quishpe, invitó al gobernante a que vaya a la Asamblea y brinde los detalles del supuesto acto de corrupción. 

Poco después, Guillermo Lasso emitió una carta a la Fiscalía General del Estado, con los nombres de quiénes serían los legisladores involucrados. Según el documento, se trata de 5 miembros de Pachakutik: Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi, Cristian Yucailla y Marcelo Rosero, este último asesor legislativo de Yucailla.

Ante la revelación del mandatario, la Fiscalía emitió un comunicado donde anuncia que ha dado inicio a una investigación previa sobre el caso y que las acciones en torno a este serán de carácter reservado, tal y como lo dispone el artículo 584 del COIP.

Mientras tanto, desde el movimiento Pachakutik han aceptado la investigación e instan a la Fiscalía para que «de comprobarse actos dolosos, se aplique el máximo rigor de la Ley a quien corresponda». Además, expresan su apoyo a la Fiscal Diana Salazar, «para que cumpla con su trabajo con verticalidad y objetividad, sin presiones políticas y sin olvidar que igual de inmoral es el que ofrece como el que recibe y debe ser castigado de la misma forma el corrupto como el corruptor».

Finalmente, indican que desde el movimiento realizarán el debido proceso investigativo.