El presidente Guillermo Lasso hizo tres cambios al reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, con ello, el Gobierno limitó el ámbito de control y supervisión de la Contraloría sobre personas jurídicas y entidades de derecho privado, como entidades financieras, bancarias, compañías o sociedades mercantiles, compañías de seguros, entre otras.
A través del Decreto Ejecutivo 695, se modificó el artículo 4, en el cual consta el siguiente nuevo texto “las entidades financieras y bancarias privadas, cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación tributarias esté integrado con el 50 % o más recursos públicos, así como las compañías o sociedades mercantiles privadas y las compañías privadas de seguros, que tengan participación accionaria del Estado, estarán sometidas exclusivamente al control, vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, respectivamente”.
La segunda reforma fue al artículo 5 donde se fijó que “la ejecución de atribuciones y obligaciones de acción de la Contraloría entorno a las entidades y compañías mencionadas en el artículo anterior, se ejecutarán únicamente respecto de los recursos públicos, esto es capital pagado y la distribución e inversión de utilidades, que correspondan al inversionista del sector público. No serán auditables los recursos de terceros”.
Y en el tercer cambio se estableció que se eliminarán los numerales 1 y 3. Con ello salen de la lista de control de la CGE, las entidades financieras y bancarias cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación tributaria esté integrado con el 50 % o más de recursos públicos, así como las compañías o sociedades mercantiles sujetas al derecho privado como son las sociedades anónimas, de economía mixta u otra especie que también tengan el 50 % o más fondos públicos.
Además, la reforma al numeral 7 del artículo 6 pone bajo la lupa de la Contraloría a las entidades privadas que tienen el 49 % o menos de recursos públicos, con excepción de aquellas controladas por las superintendencias de Banco, Compañías y de Economía Popular y Solidaria.
Por el momento no ha habido un pronunciamiento de la Contraloría General del Estado sobre las modificaciones que hizo el Ejecutivo al reglamento.
