El Gobierno Nacional ha anunciado que ofrecerá asistencia legal a Yuliano Salazar, un joven de 22 años con discapacidad, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva tras haber atropellado a cuatro presuntos ladrones el pasado 7 de agosto en el norte de Guayaquil. En el incidente, dos de los asaltantes perdieron la vida.

El presidente Daniel Noboa comunicó a través de sus redes sociales que ha instruido a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para que brinde todo el acompañamiento necesario a Salazar, quien está siendo procesado por el delito de muerte culposa. Noboa calificó el proceso como «injusto» y cuestionó el sistema de justicia, sugiriendo que Salazar debería recibir medidas sustitutivas a la prisión preventiva debido a su discapacidad.

El suceso tuvo lugar en un intento de asalto donde uno de los asaltantes resultó herido y fue capturado, mientras que el otro logró escapar. Según los familiares de Salazar, el detenido fue dado de alta tras recibir atención médica, pero no ha sido procesado por el delito de asalto que cometió.

La defensa de Salazar ha presentado varias solicitudes, incluyendo un habeas corpus, para que se le otorguen medidas sustitutivas, alegando que el joven no tiene antecedentes penales. Sin embargo, hasta la fecha no se ha establecido una audiencia para resolver estas peticiones, lo que generó una protesta de familiares y amigos frente a la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

El presidente Noboa también prometió conceder un indulto presidencial a Yuliano Salazar en caso de que la justicia falle en su contra, recordando que el reglamento permite aplicar esta facultad a personas que se encuentran privadas de libertad bajo sentencia ejecutoriada.

Este caso ha suscitado un amplio debate sobre la justicia y la necesidad de reformar un sistema que, según muchos, es caduco e ilógico, particularmente en situaciones que involucran a personas vulnerables como Yuliano Salazar.