El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) acogió este jueves 29 de junio, la apelación que presentó el excandidato a la alcaldía de Portoviejo, José Miguel Mendoza. Con cuatro votos a favor y uno salvado, se dispuso la suspensión de los derechos de participación por dos años al alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, y una multa de 9.450 dólares.

Este fallo se dio luego de que Pincay no asistiera al debate obligatorio de los candidatos a alcalde de Portoviejo. Tras esto, se emitió una sentencia el 19 de mayo por el juez Joaquín Viteri, del TCE, en dicha fecha, Viteri declaró es estado de inocencia de Pincay.

Mientras tanto, en la sesión de ayer jueves, el juez ponente de la sentencia, Guillermo Ortega, dijo que Pincay nunca presentó solicitud de habilitación de medios telemáticos para participar en el debate, pese a la obligación existente, ya que en ese entonces, Pincay se encontraba en recuperación tras un atentado en su contra, y por eso se pronunció a través de la red social Facebook.

Tras conocer la decisión del TCE, el alcalde Javier Pincay, se pronunció a través de sus redes sociales, expresando lo siguiente: “No he sido destituido ni notificado en legal y debida forma. Por lo tanto sigo ejerciendo las funciones de alcalde. No vamos a permitir que se irrespete la voluntad popular expresada en las urnas el 5 de febrero”. Así mismo, el movimiento Avanza, organización con la que participó Javier Pincay, también rechazó la sentencia del TCE y la tildó de “inexplicable”.

De acuerdo a Avanza, el TCE no tomó en cuenta los certificados médicos que comprobaban la “gravedad” del entonces candidato, tras el atentado a balas del que fue víctima.

Por su parte, el Municipio de Portoviejo, informó que a las 10h00 de este viernes, tanto el alcalde como su equipo jurídico, darán un pronunciamiento sobre “temas importantes del cantón”.

Pese a ser una sentencia de última instancia, ambas partes pueden presentar “recursos horizontales” e incluso Pincay podría presentar una acción extraordinaria de protección llevando la causa a la Corte Constitucional, pero que aún así, aquello no cambia lo resuelto por el TCE.