Ángel Lindao, juez de La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, dejó sin efecto la destitución y censura de los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El magistrado aceptó una acción de protección ciudadana, presentada por Manuel Párraga Quiróz.
El pasado 18 de noviembre, el pleno de la Asamblea Nacional resolvió la destitución de Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa.
En la resolución del juez se indica que «se ha inobservado e irrespetado” el estado constitucional de derechos y justicia poniendo en grave riesgo los derechos constitucionales de los consejeros, al haberse encontrado méritos suficientes conforme a la solicitud y pruebas solicitadas y practicadas en el juicio político interpuesto por los asambleístas Ángel Maita y Mireya Pazmiño.
Además, Lindao dispuso a Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional y a Juan Carlos Larrea, Procurador General del Estado, suspender los efectos de la resolución. Así como cualquier otro trámite que conlleve la ejecución de la misma, hasta que se le remita toda la documentación del juicio político.
A esta se suma otra acción de protección presentada por el legislador de Sociedad Patriótica, Washintong Varela, la cual será resuelta esta tarde en el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe.
Por su parte, Saquicela convocó al Pleno a las 16:20 del jueves 24 de noviembre, para posesionar a los nuevos consejeros destituidos.
