Ante las propuestas de que la ciudadanía pueda portar armas como método para frenar la delincuencia, así como los casos de inseguridad en los últimos meses, la Defensoría del Pueblo ha emitido un pronunciamiento.

El comunicado abarca estadísticas sobre la inseguridad, el desempleo y aprehensiones que ha realizado la policía por diversos delitos e indica que «de los datos señalados se puede establecer que el origen de los problemas de violencia y delincuencia que asechan a varias ciudades del Ecuador se centran en la falta de estrategias estatales para el desarrollo y cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESC-A), lo cual incide directamente en los hechos de violencia agravando aún más el uso indiscriminado de la prisión preventiva que exacerba la criminalización de la pobreza».

Este pronunciamiento se da tras las declaraciones de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien en su discurso por los 201 años de independencia de la ciudad, manifestó que demanda que «las leyes que cobijan a la delincuencia cambien, que quienes pasen los rigurosos exámenes a través del Ministerio de Defensa puedan portar armas como lo era antes», esto en presencia del presidente Guillermo Lasso.

Por su parte, la Defensoría indica que «el hecho de proponer el libre porte de armas no constituye una solución de raíz, simplemente responde al populismo penal y teorías seguritistas que en la práctica no han servido para evitar la criminalidad en ningún país del mundo». El comunicado de la institución, emite siete observaciones bajo el amparo del artículo 215 numeral 4 de la Constitución de la República:

1. Las diferentes autoridades a nivel nacional y local a implementar acciones dirigidas a promover y garantizar la seguridad humana bajo un abordaje integral que promueva el pleno ejercicio de los derechos de las personas y no solo una visión seguritista.
2. Las diferentes autoridades a nivel nacional y local a promover políticas y programas educomunicacionales que permitan garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad; a actuar con eficacia y celeridad ante la vulneración de derechos; a no criminalizar la pobreza.
3. Las diferentes autoridades a nivel nacional y local a formular, expedir y ejecutar una política integral dirigida principalmente a proteger al ser humano.
4. Las diferentes autoridades a nivel nacional y local a atender los problemas que se derivan de la desigualdad y pobreza, en lugar de criminalizarla.
5. Las diferentes autoridades a nivel nacional y local a no incitar a la ciudadanía a tomar el uso de las armas para proveerse de una falsa seguridad.
6. A la Función Judicial a promover una eficaz y eficiente protección a las víctimas con medidas de reparación integral material e inmaterial.
7. A los órganos con facultad normativa a no proponer ni expedir medidas basadas en el populismo penal ni en teorías seguritista sin enfoque en DDHH.