Los análisis y posiciones políticas empezaron a evidenciarse en la Asamblea Nacional del Ecuador, luego de conocerse los resultados de las votaciones en la consulta popular y referéndum.

En una primera línea José Serrano, presidente del Legislativo, se reunió con los asambleístas jefes de bancada y coordinadores de los diferentes grupos políticos, con quienes llegó a dos acuerdos: el primero relacionado con la conformación de una Comisión Ocasional que procese el pronunciamiento del pueblo, respecto a las preguntas tres y seis, de competencia directa de la Asamblea; el segundo, sobre la definición de una Agenda Legislativa para el período 2017-2019.

A fin de hacer efectivo el primer consenso se reunirá el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para aprobar la creación de la Comisión y el jueves sesionará el Pleno para definir su conformación. La mesa estará integrada por nueve miembros de las diferentes bancadas y estará vigente 45 días.

En ese tiempo, el nuevo órgano transitorio se encargará de procesar el mandato popular favorable para la pregunta tres. Esta hace referencia a una nueva forma de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ahora serán electos por voto popular y no mediante un concurso de méritos y oposición.

Para ello, deberán tramitar las reformas legales que sean necesarias y, si bien, la Comisión Ocasional tiene un plazo, el presidente Serrano dijo que la expectativa es que esos cambios normativos estén aprobados hasta antes del 15 de marzo.

La derogatoria de la llamada Ley de Plusvalía es otro de los temas que deberán solucionarse en este lapso. Según el anexo de la pregunta seis, el Presidente de la República deberá enviar a la Asamblea un proyecto económico urgente que derogue esa norma, considerando que el plazo que tiene el Ejecutivo es no mayor a 15 días, desde la publicación de los resultados de la Consulta Popular en el Registro Oficial.

En una segunda instancia están las posiciones de las bancadas de PAIS, CREO y PSC (Cambio Positivo), a través de los legisladores Daniel Mendoza, Henry Cucalón y Roberto Gómez, respectivamente, coincidieron en señalar que la comisión ocasional tiene como función específica allanar el camino para la plena vigencia y aplicación de las preguntas 3 y 6 de la consulta popular. Mientras, las demás tienen que ir directamente a la publicación en el Registro Oficial.

Daniel Mendoza manifestó que en la reunión de los jefes de bancada quedó claro que el mandato popular es intocable y que a la Asamblea le compete aprobar las normas secundarias para que pueda aplicarse el inciso tres de la pregunta 3 y lo referente a la pregunta 6. El resto de la voluntad ciudadana es de aplicación inmediata, una vez que se oficialicen los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral y se publiquen en el Registro Oficial.

Esta comisión definirá los parámetros de elección popular de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para 2019 y debe concretar la derogatoria de la llamada Ley de Plusvalía, de manera expedita. Este último punto, “no significa que otras normativas, que contienen cierto tipo de impuestos, puedan verse afectadas, como la Ley de Ordenamiento Territorial”, enfatizó.

Henry Cucalón, del PSC, habló que la comisión ocasional tiene que promover una reforma a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana con vistas a la elección de 2019, que no tiene nada que ver con la cesación de los actuales miembros, el régimen de transición, nominación de ternas que enviará el Presidente de la República y la designación posterior de la Asamblea.

Las demás preguntas van directamente al Registro Oficial, una vez que se proclamen los resultados de la consulta; “son de aplicación directa y tienen eficacia jurídica inmediata”, dijo.

El legislador explicó que en el caso de la Ley de Plusvalía, la pregunta 6, cuyo anexo es bastante claro, la comisión debe limitarse a preparar el informe de la derogatoria que vaya al Pleno, tomando en cuenta el proyecto urgente que remita el Ejecutivo.

Mientras, Roberto Gómez, de CREO, destacó que se fijaron los parámetros de funcionamiento de la comisión ocasional, el tiempo de duración y el objetivo específico de su acción para efectivizar el mandato popular.

“La mesa está integrada por un número razonable de participantes, que podrán contribuir a allanar el camino a los resultados del pronunciamiento popular. En tanto, las comisiones especializadas permanentes seguirán con el tratamiento normal de los diversos proyectos de ley”, sostuvo.