La Mesa de Justicia solicitará a la Contraloría que realice exámenes aleatorios sobre el crecimiento patrimonial de los servidores judiciales que analizaron, investigaron y juzgaron casos de narcotráfico procesados en la Unidad Penal Albán Borja de Guayaquil.
Esta decisión fue adoptada en una reunión que la Mesa de Justicia mantuvo este lunes 15 de enero de 2018. En ella, entre otras cosas, se analizó información que detalla que durante 2017, se registró un incremento de casos relacionados con delitos de narcotráfico de mediana, alta y gran escala, en los cuales se dictó sentencia absolutoria.
Según el Presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh, el número de resoluciones de este tipo “no se compadece con el histórico que ha venido registrándose en esa unidad”, por lo que es necesario un análisis más profundo de la situación, para determinar los correctivos que la Policía Nacional, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Judicatura deberán tomar en el ámbito de su competencia.
“Si los casos están debidamente sustentados en buena hora, si todo el mundo ha hecho un buen trabajo mejor, pero si no, tomaremos medidas en caso de presentarse novedades”, afirmó y aseguró que esta es una acción preventiva para fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
Las cifras también son positivas en lo relacionado al juzgamiento de delitos como el homicidio y asesinato. En 2017, el 98 % de casos judicializados llegaron a sentencia con todos los elementos probatorios.
En lo que se refirió al femicidio, existen 127 personas sentenciadas por este delito con un promedio de 20 años de pena privativa de libertad.
El funcionario señaló que en la actualidad, el 77 % de los procesados penalmente tiene sentencia, mientras que el 23 % espera una resolución judicial. Esta cifra se ubica entre los estándares de la región.
Por su parte la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, señaló que se colocaron 1241 dispositivos electrónicos de geoposicionamiento a personas privadas de la libertad.
Aseguró que existen otros 2000 para que los jueces, que lo consideren pertinente, ordenen la colocación de los mismos como una medida alternativa a la prisión preventiva o domiciliaria.
Según la funcionaria, en Guayaquil se colocaron 700 brazaletes, en Cuenca 146 y en Quito casi 400.
El doctor Jalkh anunció, además, que la Unidad de Flagrancias de Guayaquil volverá a atender en el edificio del exCuartel Modelo. Esas instalaciones fueron afectadas por el terremoto ocurrido en 2016, por lo que los servicios judiciales que ahí se proporcionaban fueron trasladados a la Unidad Penal Albán Borja.
Tras un proceso de rehabilitación en el que intervinieron el CJ y los ministerios de Justicia y del Interior, se retomará la atención a la ciudadanía, en abril próximo.
