El Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) presentó sus observaciones y aportes a la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

Las propuestas presentadas por el Coordinador del Observatorio, Marcelo Espinel, se enfocaron en cuatro ejes: legislación eficaz, eficiente y efectiva; fiscalización transparente y con resultados; fortalecimiento institucional y; ética y parlamento abierto.

Durante su intervención, Espinel manifestó la importancia de que la Unidad de Técnica Legislativa, Evaluación y Mejoramiento de la Ley, cuente con la participación y aportes de las organizaciones sociales y la academia antes, durante y después de la aprobación de normas. De esta manera se promueve el pilar de la colaboración dentro de un modelo de gestión de Parlamento Abierto. Asimismo, señaló que los integrantes de esta Unidad deben ser designados mediante criterios altamente técnicos y evitando su partidización.

En cuanto a fiscalización, señaló que esta labor debe ser transparentada integralmente a la ciudadanía, esto a través de la publicación de toda la documentación relacionada a la fiscalización y los juicios políticos, así como la creación de un registro público de las solicitudes de información presentadas por los legisladores con sus respectivas respuestas; sin que esto afecte la facultad de fiscalización directa que tienen los legisladores. Asimismo, felicitó la creación de la Unidad de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado e instó a que toda su información se encuentre disponible para la ciudadanía en formatos digitales y abiertos.

Asimismo, propuso que esta Unidad sea designada por un organismo multipartidista, como el Consejo de Administración Legislativa y mediante un proceso objetivo de evaluación de méritos y posterior oposición.

Al respecto del fortalecimiento institucional de la Asamblea, el Observatorio sostuvo que se deben implementar mecanismos que busquen desincentivar el transfuguismo político, también conocido como “camisetazo”, pues esta práctica afecta la legitimidad de la representación, al sistema de partidos políticos y no permite el avance de las agendas de trabajo acordadas al inicio del periodo legislativo.

Sobre la ética en el Parlamento, Espinel afirmó que es positiva la propuesta de crear un Comité de Ética, sin embargo señaló que este debería tener un carácter permanente y multipartidista.

Se planteó también que, dentro de los deberes de los legisladores se incluya el registro público de intereses a través de la presentación de una declaración y la publicación de sus agendas de trabajo, esto con miras a regular el lobby en Ecuador.

Al respecto de la participación ciudadana como pilar del Parlamento Abierto, se propuso el fortalecimiento de las Casas Legislativas, a través de su articulación con organizaciones sociales de nivel local y el apoyo de la tecnología con mecanismos como el «crowdlaw» que es una plataforma informática.

Espinel señaló que las reformas legislativas planteadas y su discusión, constituyen un avance positivo en la recuperación de la credibilidad ciudadana en el parlamento sin embargo, se vuelve imperante que la Asamblea Nacional, así como lo ha hecho la Función Ejecutiva, impulse la co-creación de un plan de Parlamento Abierto con la participación responsable de todos los actores sociales.