En el centro de la polémica se encuentra Juan José Zúñiga Macías, ex comandante del Ejército boliviano y figura clave en un reciente intento de golpe de Estado fallido. Zúñiga, conocido por sus controvertidos vínculos y acusaciones de corrupción, ha sido objeto de múltiples señalamientos que van desde desvíos millonarios destinados a programas sociales hasta supuestas actividades ilícitas de narcotráfico.

Zúñiga, quien ocupó la posición 48 de 65 oficiales en su promoción, ha sido criticado por su gestión al frente del Ejército, donde se le atribuye un papel decisivo en el desvío de fondos destinados al Bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad. Un informe del suboficial Porfirio Quispe, datado en 2013, detalla cómo Zúñiga habría ordenado el uso indebido de más de 2.7 millones de bolivianos, bajo amenazas hacia Quispe y su familia.

Además de estos cargos de corrupción, Zúñiga ha sido acusado por el ex general Luis Begazo de participar en actividades ilícitas transfronterizas relacionadas con el narcotráfico, durante el gobierno del expresidente Evo Morales. Morales, a su vez, ha señalado a Zúñiga como el artífice de un supuesto «plan negro» para desacreditarlo públicamente, utilizando recursos de inteligencia militar para tal fin.

Las acusaciones contra Zúñiga no solo revelan un entramado de corrupción y abuso de poder dentro de las Fuerzas Armadas bolivianas, sino que también arrojan luz sobre la existencia de grupos de influencia como los «Pachajchos», implicados en operaciones de inteligencia y contrabando. A pesar de la negación oficial por parte del Gobierno actual, las denuncias continúan alimentando un debate nacional sobre la transparencia y la integridad en las altas esferas militares y políticas de Bolivia.