El asambleísta Adrián Castro de ADN encendió las alarmas al denunciar presuntas irregularidades en los contratos para la instalación y operación de radares en las carreteras de Ecuador. Según Castro, estos contratos estarían favoreciendo a dos consorcios específicos y podrían generar ganancias exorbitantes de hasta USD 1.000 millones anuales.

Las denuncias se centran en dos aspectos principales:

1. Sobrecostos y adjudicaciones irregulares: Se presume que los contratos se adjudicaron a empresas sin el debido proceso legal y con precios inflados, generando un perjuicio significativo al Estado ecuatoriano.

2. Cobros excesivos a los ciudadanos: Las multas impuestas por los radares habrían sido fijadas de manera arbitraria y desproporcionada, afectando gravemente el bolsillo de los conductores.

Tras las denuncias, el Gobierno Nacional ha tomado cartas en el asunto. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia y la Secretaría General de Integridad Pública emitieron un comunicado oficial el 4 de junio, anunciando medidas inmediatas para investigar las presuntas irregularidades y tomar las acciones correctivas necesarias.

Medidas anunciadas por el Gobierno:

• Suspensión temporal del funcionamiento de 39 radares en las provincias de El Oro, Cañar y Los Ríos.

• Revisión exhaustiva de todos los contratos relacionados con la instalación y operación de radares en el país.

• Auditorías a las empresas involucradas en los procesos de contratación.

• Implementación de nuevas medidas para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión de este tipo de contratos.

Las reacciones:

Las denuncias de Castro han generado gran revuelo en la opinión pública, con diversos sectores sociales exigiendo que se investigue a fondo y se sancione a los responsables. La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) también se ha pronunciado, indicando que colaborará con las investigaciones y que tomará las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad.

El futuro de los radares en Ecuador:

El panorama para los radares en Ecuador es incierto. El Gobierno ha anunciado que se revisará el sistema actual y que se tomarán las decisiones pertinentes para garantizar su correcto funcionamiento y transparencia. Queda por ver qué medidas específicas se implementarán y cómo afectarán a la seguridad vial en el país.

Es importante destacar que:

• Las investigaciones sobre las presuntas irregularidades aún están en curso.

• Todavía no se ha confirmado la veracidad de todas las denuncias.

• El Gobierno ha tomado medidas para abordar la situación y proteger los intereses del Estado y de los ciudadanos.

Se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre el avance de las investigaciones y las decisiones finales que se tomarán sobre el futuro de los radares en Ecuador.