El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, están siendo investigados por un presunto caso de peculado relacionado con la concesión del puerto de Manta a la empresa Desarrollo de Negocios Agencias Universales S.A. (Agunsa).

El fiscal de Manabí, Paco Delgado Intriago, remitió el caso a la Fiscalía General del Estado debido al fuero de Corte Nacional de Justicia que ambos implicados poseen. La investigación consolidó dos expedientes, uno por tráfico de influencias y otro por peculado, a partir de informes de la Contraloría General del Estado que abarcan el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de abril de 2018.

La asambleísta Adriana García Mejía (Gente Buena) desempeñó un papel crucial en la investigación, señalando irregularidades que habrían causado un perjuicio al Estado de aproximadamente $23 millones. García presentó 33 conclusiones y 21 recomendaciones, destacando déficits recurrentes desde la concesión del puerto en 2016 por parte de la Autoridad Portuaria de Manta.

Uno de los informes de la Contraloría sugiere responsabilidad penal de Walter Solís en las actividades vinculadas con la concesión a Agunsa, la cual fue supuestamente autorizada por Rafael Correa durante su mandato.

El fiscal Delgado Intriago instó a la Fiscalía General del Estado a investigar las acciones y omisiones de Rafael Correa, Walter Solís y otros funcionarios implicados en el caso.

Esta situación ha generado un notable interés público y político, dado el impacto económico y las posibles ramificaciones legales que podrían derivarse de las acciones judiciales en curso.