El pleno del Consejo de la Judicatura suspendió este 19 de septiembre de 2024, sin remuneración por tres meses, a dos jueces de la Corte de Justicia de Guayas. Se trata de Silvia Orozco, jueza de lo Civil de Guayaquil, y Hugo González, expresidente de la Corte.

Acusaciones contra Silvia Orozco

Orozco fue señalada por presuntamente solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, comprometiendo su imparcialidad en la Función Judicial. Según la resolución, la jueza declaró sin lugar una demanda contra Pablo Muentes, exasambleísta socialcristiano y procesado en el caso Purga, y su esposa Mónica Alvarado. Además, habría colaborado con un grupo delictivo para asegurar fallos judiciales en el caso del Banco del Pacífico.

El litigio está relacionado con un préstamo de USD 314.800 que el banco otorgó en 1998 a Muentes, su esposa y la empresa familiar Finxi para la compra de una camaronera. La entidad financiera sostiene que Muentes falsificó 13 notas de pago del crédito, del cual solo se habrían cancelado USD 60.000. Sin embargo, el exasambleísta niega estas acusaciones, asegurando que «todo es un montaje».

Señalamientos contra Hugo González

El segundo juez suspendido, Hugo González, fue acusado de recibir apoyo de una organización delictiva para ser elegido presidente de la Corte de Justicia de Guayas. La Judicatura sostiene que, una vez en el cargo, su gestión estaba condicionada para beneficiar a esta estructura criminal.

Según la resolución, el líder de la organización, Pablo Muentes, aprobaba las gestiones de González y coordinaba el cumplimiento de sus promesas para asegurar su elección como presidente de la Corte.

Contexto y consecuencias

El caso se enmarca en una serie de denuncias y procesos judiciales que involucran a exfuncionarios y jueces en actos de corrupción y tráfico de influencias dentro del sistema judicial de Ecuador. La decisión de la Judicatura busca sancionar y prevenir el uso de la justicia como una herramienta para beneficiar intereses particulares.