Aquiles Álvarez denuncia represalias políticas y advierte sobre la posible suspensión de servicios clave en la ciudad

Guayaquil enfrenta un escenario crítico. La falta de pago de una deuda de aproximadamente USD 80 millones por parte del Gobierno Nacional amenaza con detener obras y afectar servicios esenciales en la ciudad. Así lo alertó el alcalde Aquiles Álvarez, quien señaló que los contratistas y proveedores están al borde de la suspensión de sus actividades ante la falta de liquidez.

“El problema más grande es que el Gobierno nos debe casi 80 millones de dólares. Si no podemos mantener el flujo de pagos, muchos proveedores y contratistas podrían paralizarse”, advirtió Álvarez durante su enlace radial este miércoles 19 de marzo.

El alcalde también denunció trabas en los procesos de contratación pública y una presunta represalia política por parte del Ejecutivo. Según Álvarez, el retraso en la transferencia de recursos no se debe a problemas financieros, sino a una estrategia de presión contra su administración.

Servicios en riesgo y trabas en contrataciones

La deuda con el Municipio de Guayaquil afecta sectores clave como la seguridad en centrales de abastecimiento, el mantenimiento del sistema de limpieza pública y la ejecución de obras en curso. Empresas que prestan estos servicios han manifestado su intención de suspender operaciones si la situación no se resuelve.

Además, Álvarez acusó al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) de obstaculizar proyectos fundamentales para la ciudad, como la repotenciación de la iluminación LED en distintas zonas. “No solo que no nos pagan, sino que también nos ponen trabas para ejecutar obras”, reclamó.

¿Retrasos por razones políticas?

El alcalde sugirió que la demora en los pagos podría ser una represalia política. Según su versión, el Gobierno sospecha que ciertos municipios y prefecturas están financiando la campaña de la candidata presidencial Luisa González, de la Revolución Ciudadana (RC).

“El Ministerio de Finanzas no responde, pero sí han pagado a otros municipios. Esto es falta de voluntad. Creen que ciertos gobiernos locales apoyan la campaña de González, y por eso nos bloquean los recursos. Ya es un tema de odio”, afirmó.

Plazo de 15 días antes de una paralización total

Álvarez fue enfático en su advertencia: si en los próximos 15 días el Gobierno no cumple con los pagos, la paralización de obras y servicios será inevitable. La responsabilidad, aseguró, recaerá directamente en el Ejecutivo.