El demorado tratamiento del proyecto de ley del uso progresivo de la fuerza, fue sometido a segundo y definitivo debate. Según el legislador Ramiro Narváez, el documento busca dar claridad a la policía para que pueda actuar en situaciones de riesgo y en defensa de la ciudadanía, para lo cual se han establecido seis niveles de fuerza.

«Cada nivel tiene que ser utilizado dependiendo el grado de riesgo o del grado de peligro que se genere en ese momento, si nos vamos a un extremo y la policía o el agente de seguridad tiene que actuar y utilizar su arma letal para salvar una vida o salvar su propia vida, puede hacerlo», mencionó Narváez.

En caso de que se aprobara la normativa y un uniformado tuviera que enfrentar un proceso penal, se establece en condiciones diferentes para el policía, además van a poder defenderse en libertad, inmediatamente van a pasar a estar en un tema administrativo hasta que termine el proceso, pero no van a perder su trabajo, eso protege al mismo policía y a sus familias que dependen de aquellos que hoy tienen que cuidar a la ciudadanía.

Sin embargo, el legislador Luis Almeida tiene una opinión distinta, «el policía no tiene que ser procesado, y mucho menos creer que le van a asignar un abogado eso es puro cuento, por que los defensores públicos nunca han ganado un juicio» señaló Almeida, asambleísta del Partido Social Cristiano.

En dicha propuesta también se establecen procedimientos ante la protesta social, Jorge Pinto, asambleísta de CREO sostiene que se protege a la protesta social pacífica, donde los manifestantes no salen a quemar vehículos, a saquear, a usar bombas molotov, a disparar uno contra el otro, en caso que esto suceda la persona será denominada como un delincuente común y la policía tendrá que tratarlo.

Y en caso de guías penitenciarios que deben vigilar a personas privadas de la libertad no podrán portar armas, esta ley permite la creación de grupos tácticos dentro de los agentes de vigilancia penitenciarios, que van a poder estar armados y que van a poder estar apostados en lugares específicos para que sean ellos el primer frente para frenar los actos de violencia que se desarrollan dentro de las cárceles.

A pesar de todo lo expuesto la sesión fue suspendida para el día martes y el primer mandatario tiene treinta días para revisar el proyecto aprobado en la Asamblea Nacional, para vetar o no, el documento.