Un día después de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional y pidiera la convocatoria a elecciones anticipadas, la Corte Constitucional sigue siendo punto de atención.

Ante esto, dos demandas más contra el decreto de muerte cruzada fueron presentadas ante la Corte Constitucional, ya que los sectores que se oponen a este decreto, insisten en que la medida es inconstitucional.

La primera demanda, la realizó el expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, argumentando que no hay grave crisis o conmoción interna, por lo que pide declarar inconstitucional el decreto.

La segunda fue presentada por el abogado Jorge Sosa, quien asegura que el decreto contraviene “la garantía de la debida motivación de las resoluciones del poder público”.

Adicionalmente, la exasambleísta Yeseña Guamaní aseguró que presentará otra demanda, complementaria a la que ya firmó junto con el PSC.

De la misma manera, la mañana de este jueves 18 de mayo llegó una nueva demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional. Esta vez, la acción es impulsada por el movimiento Unidad Popular y por la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Geovanny Atarihuana, representante de Unidad Popular, dijo que la demanda se fundamenta en que “en el país no existe conmoción social, por lo que no hay razón para la disolución de la Asamblea”.

Además, Nelson Erazo, dirigente de Unidad Popular, amenazó con movilizaciones que estarán en las calles si se “pretende privatizar el sector de hidrocarburos o si el Gobierno envía una reforma laboral que elimine derechos de los trabajadores”.