Este miércoles, luego de cuatro meses de investigación se detuvo a tres personas, por medio de dos allanamientos. Los ciudadanos estarían involucrados en el presunto delito de tráfico ilícito de migrantes en la provincia de Tungurahua.

Los allanamientos se realizaron en sectores de Ambato, en el operativo denominado “Travesía III”. Allí se detuvo a Paulina P. (52), Alejandro P. (28) y a Wilson S. (51), quienes no registran antecedentes penales. Los detenidos fueron llevados hasta la unidad Judicial y puestos a órdenes de la autoridad competente.

En la detención de las tres personas se levantó indicios relacionados con el hecho investigado, celulares, dinero en efectivo y varios documentos.

Así mismo se dio a conocer que, mediante la aplicación de labores investigativas en Ambato a través de procesamiento de información, agentes de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT) detuvieron a esta presunta organización delictiva.

Los detenidos por medio de engaños llevaban a sus víctimas con documentos falsos hasta México para posteriormente, mediante pasos irregulares, cruzar hasta los Estados Unidos de Norteamérica, promoviendo de esta manera viajes de muy alto riesgo para la integridad de los migrantes.

En el operativo participaron efectivos de la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Investigación contra la Violencia de Genero, Mujer, Familia, Niñez, Adolescencia, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, por medio de su unidad adscrita, la UNAT.

También se aclaró que el delito de tráfico ilícito de migrantes está estipulado en el COIP (Código Orgánico Integral Penal) en el Art. 213, y que tendría una pena de siete a diez años.

Se señala que “la persona que, con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico u otro de orden material por cualquier medio, promueva, capte, acoja, facilite, induzca, financie, colabore, participe o ayude a la migración ilícita de personas nacionales o extranjeras, desde el territorio del Estado ecuatoriano hacia otros países o viceversa o, facilite su permanencia irregular en el país, siempre que ello no constituya infracción más grave, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años”. 

La investigación se realizó en coordinación con la Fiscalía y del Departamento de Seguridad Diplomática de los Estados Unidos (DSS).