Este lunes 28 de octubre, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que insta al Ministerio de Telecomunicaciones y a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) a revisar las tarifas de telefonía e internet móvil. La crisis energética en el país ha afectado considerablemente la prestación de estos servicios, que han sido deficientes o incluso nulos en ciertas zonas.

Revisión basada en el uso efectivo del servicio

La Asamblea demanda que el ajuste tarifario se realice de acuerdo con el tiempo efectivo de servicio que reciben los usuarios. La ciudadanía, por su parte, ha expresado su inconformidad en redes sociales, solicitando algún tipo de compensación de las operadoras debido a las constantes interrupciones.

Garantías y planes de contingencia para asegurar la conexión

Además, la Comisión de Fiscalización pide que el Ministerio y Arcotel implementen planes de contingencia para asegurar la continuidad de los servicios de telefonía e internet en todo el país.

Asetel señala limitaciones técnicas por la falta de energía

La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), que agrupa a operadoras como Claro, Movistar y CNT, señaló que los apagones prolongados han superado los límites técnicos de sus equipos, pese a los sistemas de respaldo que han instalado. Sin embargo, la organización no mencionó ninguna reducción de tarifas ni compensación a sus clientes.

Defensoría del Pueblo recoge quejas y evalúa un pronunciamiento

La Defensoría del Pueblo (DPE) indicó que si bien existen quejas en redes sociales, estas no han sido formalizadas. La institución ha remitido información al Ministerio de Telecomunicaciones y anticipa un pronunciamiento oficial sobre el tema.

Panorama de líneas activas y proyecciones de continuidad

Claro y Telefónica concentran el 82 % de las líneas activas en Ecuador, con 9,4 y 5,3 millones de usuarios, respectivamente. La estatal CNT cuenta con el 18 %, es decir, alrededor de 3,3 millones de líneas. Tanto Claro como Telefónica negocian en la actualidad la extensión de su concesión hasta 2039.

Esta crisis ha vuelto imprescindible una revisión de la política de servicios para garantizar que la ciudadanía reciba una calidad proporcional a los valores que paga.