El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de Asamblea Nacional decidió hoy, viernes 17 de mayo de 2024 suspender temporalmente el juicio político en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, debido a que la funcionaria atraviesa un embarazo de alto riesgo

Salazar hizo pública su condición a través de un video en redes sociales, donde pidió a la Legislatura que se «respete mi derecho constitucional a tener un embarazo en paz y que este llegue a término sin más estrés del que significa llevar a cabo mis responsabilidades como Fiscal General del Estado».

La solicitud de Salazar fue acogida por el Presidente de la Asamblea, Henry Kronfle Kozhaya, quien consultó a la Procuraduría General del Estado sobre la viabilidad de suspender el juicio político en este caso. La Procuraduría respondió afirmativamente, indicando que la suspensión se podía realizar «sobre la base de los principios de justicia y respeto a los derechos humanos de las dos vidas, la de la madre gestante y la de la vida por nacer».

Kronfle señaló que la suspensión se mantendrá hasta que el «alto riesgo» del embarazo de Salazar culmine, y que la medida se enmarca en el respeto a los derechos humanos tanto de la madre como del bebé que espera.

La decisión de la Asamblea ha sido recibida con diversas reacciones. Algunos sectores han expresado su respaldo a la medida, considerando que la salud de Salazar y su bebé debe ser la prioridad. Otros, en cambio, han criticado la suspensión, argumentando que se trata de una estrategia para dilatar el proceso y evitar que la Fiscal responda por las acusaciones en su contra.

Cabe recordar que el juicio político contra Diana Salazar fue impulsado por la bancada correísta, que la acusa de incumplimiento de funciones e inacción en casos de corrupción. La Fiscal ha negado todas las acusaciones en su contra y ha calificado el proceso como una persecución política.

La suspensión del juicio político es una medida temporal, y se espera que el proceso se retome una vez que Salazar haya superado el riesgo en su embarazo. Queda por ver qué impacto tendrá esta decisión en el futuro de la Fiscal General y en las investigaciones que lleva a cabo su despacho.