Cristian R., conocido por haber sido defensor del exvicepresidente Jorge G. y del narcotraficante Leandro Norero, fue llamado a juicio como uno de los presuntos líderes de una organización delictiva que operaba al interior del sistema judicial.

El juez Edison Cantos, de la Corte Nacional de Justicia, acogió el pedido de la Fiscalía y resolvió iniciar juicio contra 13 de los 14 procesados del denominado caso Plaga, una investigación que se desprende del caso Metástasis. La decisión fue tomada la noche del 7 de abril de 2025, tras semanas de audiencia preparatoria.

Según el Ministerio Público, el sujeto no solo actuaba como abogado defensor, sino que coordinaba una estructura destinada a conseguir beneficios ilegales para personas procesadas por delitos graves como asesinato, narcotráfico y corrupción. Entre las estrategias se incluían traslados estratégicos de presos, audiencias manipuladas con jueces aliados y la obtención de certificados médicos fraudulentos para conseguir medidas cautelares.

Además del abogado, figuran entre los llamados a juicio jueces, abogados, secretarios judiciales y funcionarios. Ocho de ellos permanecen prófugos, por lo que se ha emitido una orden inmediata de captura.

El caso ha revelado una estructura de corrupción judicial sin precedentes. En total, 31 personas fueron procesadas dentro del expediente. De ellas, 15 aceptaron procedimientos abreviados y ya fueron sentenciadas. La Fiscalía se abstuvo de acusar a dos, mientras que el resto enfrenta juicio formal desde esta semana.

#AHORA | #CasoPlaga: con la presencia del fiscal general (s), Wilson Toainga, se reinstala la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 14 procesados por presunta #DelincuenciaOrganizada. Hoy, el Juez informará si los llama o no a juicio. pic.twitter.com/JDwwGZACbo

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 7, 2025

Él también ha sido abogado de Daniel Salcedo y de miembros de la familia Bucaram, personajes involucrados en distintos escándalos judiciales durante los últimos años.

La investigación apunta a que esta red habría operado durante largo tiempo con la finalidad de liberar a individuos vinculados a actividades criminales, a cambio de sobornos y favores políticos.