En medio de un clima de incertidumbre institucional, en Quito se presentó este 3 de junio una Comisión Cívica de Seguimiento al concurso para la elección del nuevo Fiscal General del Estado. El grupo, compuesto por representantes de universidades, gremios de abogados, medios de comunicación y organizaciones sociales, busca ejercer una vigilancia paralela e independiente del proceso, tras la renuncia de Diana Salazar en mayo de 2025.

La principal crítica recae sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), responsable del concurso. Según Marcelo Espinel, vocero de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el Consejo “arrancó tarde y ya acumula más de un año de retraso”, sin haber siquiera conformado la Comisión Ciudadana de Selección. Esta falta de celeridad ha dejado a Wilson Toainga como fiscal subrogante, con posibilidad de permanecer en funciones por lo menos otro año.

Uno de los puntos más controvertidos es el reglamento vigente, cuestionado por limitar la participación de abogados penalistas que hayan defendido casos relacionados con una lista de 36 tipos penales. “Eso prácticamente deja fuera a todo el foro penal independiente”, señaló Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. También recordó que dicho reglamento fue elaborado por un exvocal actualmente procesado en el caso Ligados, lo que pone en entredicho su legitimidad.

Aunque no tendrán voto directo en la selección, los miembros de la comisión cívica realizarán evaluaciones paralelas y levantarán alertas públicas durante cada etapa del proceso. Su meta: presionar por un concurso sin manipulaciones ni favoritismos. De momento, el CPCCS ha anunciado mesas técnicas para posibles reformas al reglamento, pero no ha presentado fechas concretas. Las organizaciones temen que los cambios terminen respondiendo más a pactos políticos que a la búsqueda de un fiscal realmente independiente.