Los fallecimientos por el consumo de alcohol adulterado pueden seguir ocurriendo en Ecuador, donde esta intoxicación masiva ha provocado la muerte de al menos 32 personas, afirmó el ministro de Salud, José Ruales.

«No, no se puede descartar (que haya más víctimas mortales) porque el modo de distribución en pequeñas comunidades hace difícil el seguimiento», sostuvo el titular de la cartera en Lima, donde asistió a la XL reunión de ministros de salud del área andina (Ramsaa).

Ruales explicó que este brote, que ya suma más de un centenar de intoxicados desde finales de octubre pasado, se produjo por la presencia de «alcohol metílico» en «algunos preparados caseros e ilegales» comercializados principalmente en la costa norte de Ecuador.

El ministro agregó que el hecho de que los distribuidores de esta sustancia fallecieran también a causa de su consumo «hizo un poco difícil la identificación del origen exacto» de la intoxicación.

Destacó, sin embargo, «la incautación de más de 70.000 litros de alcohol adulterado» y la campaña lanzada a nivel nacional para prevenir el consumo de alcohol sin registro sanitario o producido de manera artesanal.

«No hemos tenido nuevos casos durante la última semana, después de un poco más de 100 casos de intoxicación y 32 fallecimientos», apostilló el ministro, quien insistió en que, en los últimos días, «no hubo un consumo masivo».

Aún así, Ruales reconoció que el país aún podría registrar nuevas víctimas mortales por este brote debido a las dificultades de rastreo por su origen informal.

«Siempre está el riesgo de que algún recipiente todavía se mantenga en alguna comunidad y eso es lo que esperamos evitar», aseveró.

REDUCIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL

El ministro también destacó los esfuerzos «integrales» que está realizando el Gobierno del presidente Guillermo Lasso para combatir la desnutrición crónica infantil y reducirla del 29 % al 23 % de los niños menores de dos años.

«Creo que es posible lograrlo y estamos trabajando fuertemente en eso», dijo sobre una de las políticas estrella del Ejecutivo ecuatoriano.

Ruales destacó que, para acercarse a la meta trazada por el Gobierno, no solo es necesario continuar con un trabajo «intersectorial» que garantice el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, sino también apostar por un «enfoque priorizado por riesgo».

«Estamos focalizando para priorizar los lugares de mayor riesgo, esta es una diferencia porque antes el enfoque era generalizado sin importar dónde teníamos un mayor problema», dijo.

En este sentido, señaló que en algunas comunidades indígenas y de la sierra central del país, donde hay mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil, los índices alcanzan hasta el 45 % de los niños menores de dos años.

Para finales de noviembre, agregó, las autoridades ecuatorianas esperan tener los resultados de la primera encuesta «para poder valorar cómo vamos en este camino».

Aunque reconoció que el impacto de estas políticas «suele ser de mediano plazo, no inmediato», Ruales se mostró confiado de al menos haber logrado «revertir la tendencia de incremento» que el país venía observando en la última década.

Según cifras de Unicef, la desnutrición crónica infantil afecta en Ecuador al 27,2 % de los niños menores de 2 años y, pese a distintos planes ejecutados desde 1993, entre 2014 y 2018 se incrementó a 1 de cada 4 menores de 5 años.