Ecuador repatrió a Panamá y México a siete presos con lo que reactivó este beneficio penitenciario en cumplimiento de convenios internacionales y en busca de disminuir el hacinamiento en las cárceles del país.

La madrugada del viernes cinco mexicanos sentenciados por tráfico de drogas fueron entregados a Interpol de México, mientras el jueves dos reclusos panameños que cumplían una pena por el mismo delito fueron repatriados a su país de origen donde culminarán sus condenas, informó a The Associated Press el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI).

Ecuador también recibió a dos reclusos provenientes de El Salvador y se espera que en las próximas semanas se concrete la repatriación de cuatro ecuatorianos detenidos en Estados Unidos, también por delitos relacionados con el tráfico de drogas, informó a AP el director de Beneficios Penitenciarios del SNAI, Mario Torres.

Entre otras razones, la falta de presupuesto había impedido que en lo que va del año se otorgara este beneficio que, junto a otros como los indultos, se establecen en el convenio de Estrasburgo sobre el traslado de personas condenas y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de los cuales Ecuador es suscriptor.

Según la normativa, los beneficiarios de la repatriación deben ser requeridos por sus países de origen y es fundamental la voluntad de la persona que cumple la condena acceder al mismo. “No es obligatorio, porque si no se convertiría en una deportación o extradición», aclaró Torres.

“Existe una política pública sobre la disminución del hacinamiento y Ecuador está contribuyendo a que esas repatriaciones pasivas salgan” para mejorar las condiciones de la población penitenciaria, agregó el funcionario. Indicó que existe la disposición de colaborar con los Estados que solicitan dichos beneficios.

Rosa Bolaños, representante de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), afirmó que si bien el objetivo de los beneficios penitenciarios es favorecer “los arraigos familiares” en las personas privadas de la libertad, aún falta una coordinación entre el SNAI y la función judicial por lo que “se pierden este tipo de instrumentos internacionales”.